INAES podría ser botín familiar de su delegado Salomón Barbosa
De nuevo en Yucatán, desvío de fondos públicos: Ya fue aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el punto de acuerdo presentado por el senador Daniel Ávila Ruiz por el cual se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a auditar el “destino, uso y ejercicio de los recursos públicos federales entregados a través de los programas y proyectos autorizados por el Instituto Nacional Economía Social (Inaes)”.
Se busca que la Auditoría incluya en su Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 “una auditoría que esclarezca el destino y ejercicio de los recursos federales entregados al Instituto Nacional de la Economía Social en el estado de Yucatán”.
Y si bien es cierto que dicho Programa ya contempla una auditoria al Inaes, Ávila Ruiz considera que “al estar enfocada en el “Desempeño” no abarcaría los propósitos de la solicitud, ya que no cubriría los mismos objetivos que si se realizara una auditoría Financiera y de Cumplimiento”.
El motivo de dicha denuncia es que “se investiguen las actividades en la materia por parte de los servidores públicos involucrados, debido a que en abril del 2014 se conformó un grupo social llamado El PANAL, que tenía como objetivo la ejecución de proyectos productivos para la cría y explotación de abejas”.
Dicho grupo, sin embargo, “fue conformado a petición e invitación de familiares del actual delegado del Inaes en Yucatán, Carlos Daniel Salomón Barbosa. En ese contexto, se abrió una cuenta bancaria para recibir los recursos del proyecto en el Banco del Ahorro y Servicios Financieros S.N.C (BANSEFI)”.
Según la documentación del propio Órgano Interno de Control del INAES, diversos proyectos del Programa INTEGRA fueron concesionados a familiares de Carlos Daniel Salomón Barbosa, delegado del INAES, sin que “los recursos hayan sido para el cumplimiento del proyecto, sino entregados a Barbosa”, acusó Ávila Ruiz.
De acuerdo con un comunicado de prensa, el senador denunciante exigió “una exhaustiva revisión, ya que existe un ejercicio indebido del cargo por parte del delegado, conflicto de intereses, desvío de recursos públicos federales, además de que el recurso público federal destinado a financiar proyectos del sector social no cumplió con sus objetivos”.