La corrupción tiene que ver con la pésima atención sanitaria a los yucatecos, tal como sucedió con el Hospital General de Tekax, el cual tardó muchísimos años en construirse y donde hubo acusaciones de desvío de recursos. Estas negligencias afectan a miles de pacientes que llegan a las instalaciones hospitalarias con emergencias y éstas carecen de condiciones mínimas para su atención, tal como sucede con el padecimiento actual de la influenza en toda la península.

No son problemas aislados, ya que recientemente el caso del hospital de Ticul fue llevado a un arbitraje internacional, el cual condenó al gobierno del estado a pagar una indemnización a una empresa proveedora por la cancelación de un contrato. Todo ello afecta a los contribuyentes yucatecos, por el uso irresponsable de recursos, además del daño a la población por no poder usar un hospital que era una necesidad básica.

Es evidente la incapacidad de los Servicios de Salud de Yucatán (SSY) en las clínicas y hospitales operados bajo su jurisdicción. Ejemplo de ello es la vulnerabilidad de la población ante la propagación de la influenza.

Es fundamental que el gobierno del estado de Yucatán, en conjunto con los SSY, brinde información a toda la población a fin de conocer el destino de los recursos y las razones de las malas condiciones instalaciones en las unidades médicas. Es una responsabilidad gubernamental brindar servicios de salud con calidad y ejercer los recursos con honestidad.

Los hospitales públicos son una de las responsabilidades más importante de los gobiernos en todo el mundo, y el presupuesto en materia de salud es uno de los rubros con mayor cantidad de recursos destinados. Por tanto, el destino de ese dinero debe ser transparente.

En virtud de lo anterior, es necesario que tanto la SSY como las instancias sujetas a la administración del gobernador Rolando Zapata vigilen la entrega y uso de cada peso y centavo a las clínicas e instalaciones médicas de la entidad, a fin de brindar un servicio oportuno a la población, sin irregularidades como las que han sido detectadas. Como senador de la República seguiré pendiente de las necesidades y quejas de la población por deficiencias en hospitales y centros de salud.

Entre las posibles sedes para albergar las secretarías de estado destacan: la Secretaría de Turismo en Chetumal; SEP a Puebla; Secretaría de Salud en Guerrero; Secretaría de la Función Pública a Querétaro; Medio Ambiente a Mérida; Desarrollo Urbano (Sedatu) a Hidalgo; Desarrollo Social en Oaxaca; Ganadería en Jalisco; Energía en Tabasco. Así como Economía a Nuevo León; Cultura a Tlaxcala; Secretaría de Comunicaciones y Transportes en San Luis Potosí; Secretaría de Minería a Chihuahua; la Secretaría de Agricultura, a Ciudad Obregón; así como Trabajo y Previsión Social en León, Guanajuato.

Sin embargo, también las dependencias del gabinete ampliado han sido anunciadas para una probable mudanza, tal como Pemex a Ciudad del Carmen; Aduanas en Nuevo Laredo; ISSSTE en Colima; IMSS para Morelia; Comisión Nacional del Agua a Veracruz; Conade en Aguascalientes; Instituto Nacional de Migración en Baja California; y Conacyt en La Paz.

Entre las oportunidades de este cambio será que en todas las entidades federativas habrá por lo menos una dependencia federal despachando. Con ello se puede lograr la descongestión de la Ciudad de México, además de que se fortalecerán los servicios digitales del Gobierno Federal: acceso a servicios, datos abiertos, gobierno electrónico, rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información, entre otros.

Sin embargo, la propuesta también tiene desventajas como la división de familias o despidos y liquidaciones que aumentarán el desempleo y la fuga de talentos. Además, algunas ciudades propuestas pueden experimentar cambios sociales acelerados como escasez de servicios, tráfico o falta de suministros. Esta decisión también puede tener un alto costo para el gobierno, el cuál será pagado con los impuestos de todos los ciudadanos.

Si bien la idea del equipo de transición es llevar el progreso y derrama económica a todo el país, estos cambios deben ir acompañados del respeto a la dignidad de la persona y de las familias. Hay que evitar tomar malas decisiones gubernamentales, a fin de que la descentralización sea viable y eficiente.

Es importante también que la nueva administración dé certezas sobre el futuro de los trabajadores que serán afectados con la descentralización. Los ciudadanos quisiéramos saber más sobre estos planes, sobre todo, esperamos que hayan surgido a partir de diagnósticos sólidos y convincentes.

Senador por el PAN

*Nota publicada en El Sol de México (7 de Agosto de 2018)