Fraude en Solidaridad, nueva muestra de galopante corrupción e impunidad en Quintana Roo
Eduardo Román Quian Alcocer y Filiberto Martínez Méndez, alcaldes de Solidaridad [Quintana Roo] entre 2008 y 2013, habrían desviado recursos públicos del ayuntamiento por más de 70 millones de pesos, según la denuncia de la diputada federal Alicia Ricalde Magaña y el senador Daniel Ávila Ruiz ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados [diciembre 11, 2014].
A Quian Alcocer, actual diputado federal, y a Martínez Méndez se les señala de haber pagado al menos 154 facturas a seis empresas «fantasma» radicadas supuestamente en Yucatán. En su denuncia pública, Ricalde Magaña y Ávila Ruiz precisan que «el ayuntamiento realizaba depósitos mediante cheque o transferencia electrónica a las cuentas de empresas beneficiadas de contratos adjudicados, los cuales se retiraban el mismo día, y después simulaban la realización de las obras y servicios».
En el posible fraude estarían implicados también José Mauricio Góngora Escalante y Juan Pablo Guillermo Molina, tesorero y director de Finanzas del municipio de Solidaridad durante la gestión de Quian Alcocer, y José Luis Toledo Medina, tesorero durante la de Martínez Méndez.
En conferencia de prensa, el senador Ávila Ruiz refirió su visita con vecinos de Solidaridad a «los domicilios fiscales de las empresas fantasmas y son casas donde la gente que vive ahí no sabe de esas supuestas empresas».
Y adelantó que, paralelamente a la denuncia ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, presentarán otra ante la Secretaría de la Función Pública y el Sistema de Administración Tributaria, «porque estamos seguros que es lavado de dinero y que no pagaron los impuestos».
Este es un caso que urge esclarecer, considerando sobre todo el descontrolado nivel de deuda pública que padece el estado de Quintana Roo, el segundo más grave del país, y la severa impunidad de servidores públicos.
No olvidemos la denuncia del mismo senador Ávila Ruiz en 2013 por el probable fraude bajo la modalidad de «turismo electoral» en Yucatán y Quintana Roo, que hoy sigue estancada.