En puerta, innovadora reforma sobre defensoría legal especializada para adolescentes
En plena transición hacia un modelo de justicia penal garantista, hoy los jóvenes en conflicto con la ley en México no cuentan con servicios adecuados y eficaces de defensoría legal, y ni siquiera aparecen de forma explícita como sujetos de ese derecho en la Ley Federal de Defensoría Pública. Para afrontar tan grave rezago el senador panista Daniel Ávila Ruiz presentó una iniciativa de reforma [marzo 6, 2014].
La propuesta es modificar los artículos 1,4, 15, y realizar adiciones al artículo 26 de dicha ley, para «Incluir a los jóvenes como sujetos destinatarios de los servicios de asesoría y representación jurídica»; fijar «la obligación del Estado para impartir asesoría jurídica en todas las materias, incluidas las no penales» e imponer al Instituto Federal de Defensoría Pública la obligación de ampliar la difusión de sus servicios mediante una Semana Nacional de Asesoría Jurídica.
El legislador panista, secretario de la Comisión de Juventud y Deporte, explicó en conferencia de prensa que algunos de los beneficios inmediatos que traería la aprobación de esta reforma serían «remover obstáculos normativos que impiden a los adolescentes un conocimiento auténtico de sus derechos» y allanar el camino para aquellas «propuestas ciudadanas que buscan el reconocimiento de los jóvenes como sujetos de derechos particulares».
La Ley Federal de la Defensoría Pública data de 1998 y su objetivo es «regular la prestación del servicio de defensoría pública, a fin de garantizar el derecho a la defensa en materia penal y el acceso a la justicia», pero dicho objetivo, advierte el senador, excluye textualmente a los jóvenes de tales servicios.
La Organización de las Naciones Unidas ha precisado al respecto que «La asistencia gratuita para los jóvenes es un derecho esencial de sistemas imparciales», por lo que insta «a los gobiernos a desarrollar y mantener servicios eficaces de ayuda legal como un componente esencial de un sistema judicial imparcial y eficaz basado en el Estado de derecho».
La iniciativa de Ávila Ruiz fue turnada a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.