Tiene México 207 prisioneros por cada 100 mil habitantes
5 de marzo de 2012
Segunda y última parte
Especial Nidia Marín / El Sol de México
Hasta 2010 el “top ten” de la sobreproblación de los penales mexicanos la tenían las entidades de la República: Distrito Federal, con 21 mil 204 reos de más (111 por ciento); Nayarit, mil 284 (97 por ciento); Sonora, 6 mil 12 (88 por ciento); Estado de México, con 8 mil 501 (83 por ciento); Jalisco, 6 mil 874, (74 por ciento); Morelos, mil 323 de más (63 por ciento); Puebla, 3 mil 053 (58 por ciento); Baja California, 4 mil 779 (37 por ciento); Chiapas, 2 mil 207, (46 por ciento); y Quintana Roo, 817 (39 por ciento).
En el siguiente rango de saturación estaban: Tabasco mil 321 (38 por ciento); Hidalgo, 648 (34 por ciento); Baja California Sur, 490 (28 por ciento) Guerrero, mil 599, (24 por ciento); Yucatán, 392 (17 por ciento); San Luis Potosí, 244 (9 por ciento); Coahuila 172 (6 por ciento); Tamaulipas, 197 (3 por ciento); Chihuahua 225 más (3 por ciento); y Veracruz 107 (2 por ciento).
Para entonces, las Islas Marías ya registraban 14 por ciento de sobrepoblación.
“En México existe una tasa de 207 prisioneros por cada 100 mil habitantes. Esta cifra lo ubica entre los países con la mayor proporción de internos en el mundo. De acuerdo con datos del International Centre for Prison Studies, entre un total de 218 países, dicha tasa es de 145. Este centro también reportó que casi 60 por ciento de los países analizados tienen una tasa por debajo de 150”.
Así lo señala el trabajo “Impacto de la Reforma Constitucional en el Sistema de Ejecución de Sentencias”, del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, de la Cámara de Diputados, elaborado por el director de Estudios Sociales, investigador Efrén Arellano Trejo.
En ese mismo tenor internacional, expone: “Pese a ello, existen otras regiones con cifras aún mayores. Es el caso de los países al sur de África (con una tasa promedio de 231) y del Caribe (324). El país que con mucho tiene la cifra más elevada es Estados Unidos (756), seguido de Rusia (629), Ruanda (604), Cuba (531), Bielorrusia (468), Belice (455) y Georgia (415). La población en prisión está creciendo en la mayor parte del mundo; entre 2007 y 2008 esta tendencia se observó en 71 por ciento de los países analizados por el International Centre for Prison Studies”.
Latinoamérica no se queda atrás, puesto que la investigación menciona las observaciones sobre un constante crecimiento de la población recluida y saturación de los penales, lo cual ha generado constantes motines y violencia, el surgimiento de grupos delictivos, persistentes violaciones a los derechos humanos y, consecuentemente, escasas o nulas contribuciones a la reinserción social o al combate a la delincuencia.
“Esta situación -como también ocurre en México- no es provocada únicamente por el crecimiento delictivo. De acuerdo con datos del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD), en esta región casi 70 por ciento de los internos no han recibido condena, lo que muestra en alguna medida una persistente lentitud para dictar sentencias por parte del sistema judicial, además de que no existen procedimientos eficaces para aplicar penas alternativas a la prisión, por lo cual los penales se saturan con personas acusadas de delitos menores”, expone Arellano Trejo.
Y en la región latinoamericana, sucede lo mismo que México, respecto a que la posibilidad de aplicar penas alternativas enfrenta la oposición de diversos grupos sociales y políticos, que reclaman el recrudecimiento y la ampliación de las penas en contra de los presuntos delincuentes.
“También ocurre que la situación de crisis económica, la desigualdad social y la vulnerabilidad de amplios sectores sociales, generan condiciones para la comisión de delitos. Como lo señala el director del ILANUD, Elías Carranza, “a menor desarrollo humano, (hay) más delito y (se necesitan) más cárceles en general”, dice.
w Con suficiente caldo de cultivo
El investigador expone en cuanto a la sobrepoblación “uno de los problemas más acuciantes del sistema penitenciario”, que genera un caldo de cultivo propicio para la corrupción y el surgimiento de mafias que se apoderan y comercializan los escasos recursos y servicios vitales, así como los espacios disponibles.
Dicha saturación, produce dificultades para mantener adecuadamente clasificados y separados a los internos en función de su peligrosidad, del tipo de delitos que cometieron y el estatus legal en que se encuentran (procesados o sentenciados), lo cual “imposibilita cumplir cabalmente el artículo 18 Constitucional, el cual señala que la prisión preventiva tendrá que realizarse en un lugar separado y distinto del destinado a la extinción de las penas”.
Entre 2003 y 2005 expresa se registró un crecimiento a una tasa de 6 por ciento anual; en tanto que entre 2006 y 2010, en promedio, dicha tasa ha sido de 2 por ciento. El resultado es que hace dos años estaban en prisión 25 por ciento más de las personas de las que estaban en 2003.
Por otra parte, es desde 1997 que existe un constante sobrecupo. Entre 1997 y 2001 dicha saturación fue, en promedio, de 24 por ciento; en tanto, para los años 2002 a 2010 el promedio de saturación fue de 28 por ciento.
Hasta dos años atrás, 70 por ciento de los reclusos del país se encontraban en 13 entidades las cuales se caracterizan por ser los lugares donde se ubican los asentamientos urbanos más grandes del país (DF, Jalisco, Nuevo León, Puebla y Veracruz) o entidades con fenómenos persistentes de la delincuencia organizada, tales como el narcotráfico (Baja California, Sonora, Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán y Sinaloa) o de tráfico de personas (Chiapas).
También puntualiza la saturación de los penales, mediante el señalamiento hecho en marzo de 2010 por la Secretaría de Seguridad Pública. Su reporte fue respecto de que el sistema penitenciario tenía una capacidad para 172 mil 322 internos, pero había recluidas 229 mil 426 personas. La sobrepoblación, entonces, era de 32 por ciento. Sin embargo, precisa, los casos más graves son Distrito Federal y Nayarit, donde actualmente es necesario duplicar la capacidad instalada para dar cabida a las personas que ya están recluidas.
(Una acotación, fuera del estudio del CESOP, es que el pasado 27 de febrero, el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna inauguró las ampliaciones 2 y 3 del Complejo Penitenciario Número 4 Noroeste con sede en Nayarit, con capacidad para 700 reos más.)
w Recuperación de espacios
En el estudio del CESOP, se asienta que hace dos años en los centros federales se concentraban 6 mil 366 internos, los cuales representaban 12 por ciento del total nacional. Ese tipo de penales ya desde entonces estaban saturados. “La colonia ubicada en las Islas Marías tienen una sobre población de 14 por ciento (340 internos); los Ceferesos 1, 2, 3 y 4 prácticamente están llenos, pues en conjunto sólo cuentan con espacios disponibles para 61 personas más. En tanto, en el número 5 existen 1,076 espacios disponibles”, puntualizaba.
Asimismo, al aludir al IV Informe de Labores de la Secretaría de Seguridad Pública, menciona que “a julio de 2010 se observó una reducción de 15.3 por ciento en la población del fuero federal, con respecto al mismo mes de 2009; mientras que la población del fuero común se incrementó en 1.6 por ciento. Esta reducción se explica -dice la SSP- por las modificaciones realizadas a la Ley General de Salud y a los códigos Penal Federal y de Procedimientos Penales (agosto de 2009), las cuales transformaron el tratamiento legal que se da a los consumidores de drogas. Para ello, “se definieron las dosis máximas que puede portar un individuo y se establecieron penas menores para portadores consumidores que se tradujeron en beneficios de adecuación de la pena decretados por un juez y la conclusión anticipada de la sentencia”.
Arellano Trejo considera que la sobrepoblación también se explica “por la alta concentración de internos en algunos penales, pues 28 instalaciones penitenciarias del país (6.5 por ciento de la infraestructura) concentran 50 por ciento de la población penitenciaria, mientras que el restante 50 por ciento se ubica en 401 centros (93.5 por ciento de la infraestructura)”.
Otro tema que expone en su trabajo es sobre el fortalecimiento de la infraestructura penitenciaria, lo que fundamenta en el IV Informe de Gobierno del Presidente Calderón, en el cual da cuenta de diversas obras de remodelación realizadas en dos centros federales; los trabajos para transformar cuatro centros estatales en instalaciones federales, la construcción de un nuevo centro en Papantla y la elaboración de proyectos para construir doce centros penitenciarios federales mediante la participación de alianzas público-privadas.
El Informe de Gobierno también dice que los nuevos penales se distribuirán en 12 polígonos ubicados en Sonora, Chihuahua, Durango, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Puebla y zona metropolitana (Hidalgo/Estado de México).
Concluye que en total durante el último año (2009-2010) se recuperaron 4 mil 328 espacios; en el corto plazo, mediante las acciones que ya están en proceso, se espera contar con poco más de 11 mil espacios; en el largo plazo, con la construcción de nuevos penales, podrían crearse otros 32 mil 500 espacios.
Por otra parte, el Gobierno federal apoyó con diversos subsidios a tres entidades para la ampliación o construcción de centros penitenciarios estatales. En Baja California aportó 420 millones de pesos para ampliar el Cereso ubicado en Tecate, a fin de incrementar en 2 mil 600 los espacios disponibles. En Chihuahua, se aportaron 100 millones y en 2010 se aportarían otros 200 millones de pesos, con el propósito de coadyuvar en la construcción de un centro penitenciario productivo en Ciudad Juárez, el cual contará con capacidad para 2 mil 400 internos. Por último, para la construcción de un centro de ejecuciones en Ciudad Victoria se aportaron 200 millones de pesos en 2009 y otros 100 en 2010; este centro contará con capacidad para mil 648 internos de distintos niveles de riesgo.
Entre las conclusiones de este trabajo el investigador señala: “El segundo fenómeno que explica la crisis penitenciara es la configuración actual del sistema procesal penal, el cual realiza un uso intensivo de la prisión y, en particular, de la prisión preventiva. El sistema acusatorio, con un fuerte acento en la persecución de los presuntos responsables y no en la reparación del daño o en la solución de las controversias, provocó que en los códigos procesales penales se incrementara la cantidad de delitos sancionados con prisión preventiva sin mediar, como lo señala la práctica internacional, un análisis específico de los casos. Esta situación provoca que los penales se saturen con personas sin condena, si un proceso judicial completo, lo que obliga a presuntos responsables a convivir con internos reincidentes o con una carrera delictiva. Aproximadamente 43 por ciento de los internos del sistema penitenciarios está en calidad de procesados”.