Por la sustentabilidad de ONG y en pro del consumidor
Los Senadores de la República Daniel Ávila Ruiz, María Marcela Torres Peimbert, Javier Corral Jurado y Ernesto Ruffo Appel suscribieron iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el inciso I) a la fracción IV del artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
También, el legislador Daniel Ávila Ruiz suscribió como adherente la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción VI al artículo 66 de la Ley Federal de Protección al Consumidor; un artículo 17 Bis, la fracción X al artículo 42 y el inciso i) a la fracción I del artículo 44 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.
Ávila Ruiz explicó que la adición al inciso I) a la fracción IV del artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta busca eliminar algunas barreras fiscales para la sustentabilidad financiera de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), y estimula su capacidad para diversificar sus fuentes de ingresos, en particular para aquellas que reciben donativos deducibles de impuestos. Asimismo, dijo, garantiza que se aplique la norma, pues que actualmente carece de elementos jurídicos que le permitan funcionar.
Agregó que la sociedad civil organizada debe participar en el diseño e implementación de las estrategias para el desarrollo social, ya que se ha demostrado que: “En una sociedad pluralista, es posible y deseable conjuntar los esfuerzos del gobierno con las energías e innovación de los ciudadanos en la solución de problemáticas sociales”.
En otro tenor, el legislador Ávila Ruiz también apoyó la propuesta de su compañero el Senador priísta Jesús Casillas Romero para reformar la Ley Federal del Consumidor a fin de evitar que los métodos para el cobro extrajudicial sean inapropiados o abusivos. Insisitió en que la propuesta generaría herramientas legales en defensa a la dignidad, respeto, honra y tranquilidad del consumidor, y a que nadie sea destinatario de intimidaciones humillantes.
Ávila Ruiz explicó que la iniciativa contempla sanciones que van de dos a ocho años de prisión a quien con motivo de realizar una cobranza extrajudicial, ejerza en las personas violencia, coacción o intimidación. Detalló que la iniciativa contempla sanciones severas para asociaciones delictuosas, servidores o exservidor públicos, y miembros o exmiembros de alguna corporación policial o de las Fuerzas Armadas Mexicanas que participen en actividades de intimidación a los consumidores. (10/10/12)