PGR debe incluir deuda estatal y derechos humanos en revisión de paquetes de impunidad de gobernadores: senadores del PAN
Los senadores panistas Daniel Ávila Ruiz y Marcela Torres presentaron un punto de acuerdo en el Senado con el fin de exhortar al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a revisar los “paquetes de impunidad” de los gobernadores de los estados de Quintana Roo, Veracruz y Coahuila.
Días antes, el Ejecutivo solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) presentar acciones de inconstitucionalidad ante la a Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de los congresos de estos estados, con el fin de evitar que las recién aprobadas reformas estatales en materia de corrupción violen los principios del Sistema Nacional Anticorrupción.
Sin embargo, declaró el senador Daniel Ávila Ruiz, la acción del ejecutivo “no es suficiente”, pues solo se enfoca en las leyes anticorrupción y deja de lado otros ordenamientos legales como el refinanciamiento de la deuda y violaciones a derechos humanos, “con lo que se violan leyes estatales” [Radio Fórmula, 18 de julio, 2016].
El punto de acuerdo presentado por los senadores y que busca solicitarle a la PGR la ampliación del recurso de inconstitucionalidad fue turnando a la Comisión Permanente del Senado. Daniel Ávila dijo que el gobierno federal les “ganó”, pues los senadores ya habían estado trabajando con anterioridad en este punto de acuerdo, [El Universal, julio 14, 2016].
“Hubo actos ilegales al aprobar paquetes legislativos mediante los cuales se designaron fiscales, auditores, magistrados y otros ordenamientos legales y modificaciones constitucionales”, dijo el senador. “Se están haciendo aprobaciones fast track y considero que se están violentando la normatividad estatal y federal”, agregó.
Daniel Ávila Ruiz ha asegurado que desde las comisiones de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente auditarán la gestión de Roberto Borge, gobernador de Quintana Roo.
Los llamados “paquetes de impunidad” son una serie de reformas locales en materia de combate a la corrupción, así como designaciones de funcionarios, que buscan blindar a los gobernadores salientes ante posibles acusaciones de corrupción.
Foto: cdn.lopezdoriga.com
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