No bastan leyes, sociedad debe responsabilizarse ya por bullying: Daniel Ávila
México ocupa un lamentable primer lugar como el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE] con más casos de bullying durante 2013 —unas 18 millones 780 mil víctimas—, principalmente entre alumnos de primaria y secundaria.
Así lo documenta la encuesta publicada por dicho organismo multilateral [junio 2014], misma que revela también que en nuestro país, del total de niños incluidos en el estudio, 44.4% dijo haber «atravesado por algún episodio de violencia verbal o psicológica a través de las redes sociales», en tanto que 42.24% declaró haber sido víctima de acoso en su escuela, «incluyendo desde insultos y amenazas, hasta agresiones físicas».
El impacto del bullying es tan grave, según la Secretaria de Salud, que el 59% de los suicidios entre jóvenes menores de 17 años tienen origen en algún tipo de acoso físico o psicológico, siendo Estado de México, Michoacán, Distrito Federal, Veracruz, Guanajuato, Chihuahua, Nuevo León, Puebla y Tabasco las entidades federativas con mayor incidencia.
Otro factor que agrava este fenómeno es la alarmante «cifra negra» —o sea, los casos no denunciados— que existe ante el acoso escolar: Alejandro Jiménez Ornelas, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, calcula que podría alcanzar un 70%.
Basta revisar las cifras del Consejo Preventivo de Violencia Escolar del estado de Michoacán, uno de los que más padecen este fenómeno: desde su creación, en enero de 2013, ha atendido una sola denuncia.
A principios de este mes el secretario de Educación Público Emilio Chuayffet fue severamente cuestionado por mostrarse poco sensible al tema. En particular, los diputados federales panistas exigieron su destitución.
El gobierno federal, a su vez, impulsó desde la Secretaría de Educación Pública el Convenio de Coordinación para Facilitar el Combate a la Violencia en las Escuelas, con 15 acciones «encaminadas a capacitar a los profesores, optimizar los canales de denuncia y facilitar la colaboración institucional».
Otra iniciativa contra el bullying se origina en el Senado de la República, donde la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ya analiza una iniciativa para crear la Ley General para la Prevención y Atención de la Violencia Escolar, la cual prevé sanciones que van desde «amonestaciones a multas que pueden alcanzar los 5 mil días de salario mínimo a maestros y padres de familia que permitan o sean omisos ante estos actos de violencia».
Al día solo el Distrito Federal, Nayarit, Puebla, Tamaulipas y Veracruz cuentan con algún tipo de ley para prevenir y erradicar la violencia en las escuelas, aunque al final, como advierte el senador panista Daniel Ávila Ruiz, «más que leyes, es la sociedad en su conjunto la que tiene que responsabilizarse de que los niños se eduquen en un contexto de libertad, igualdad y justicia, y comprometernos a establecer lazos de comunicación, relación y actividad con base en el respeto».
Foto: necesitodetodos.org