La crisis que viene: el sistema de pensiones
En 2014 «harán falta 531 mil millones de pesos para financiar seguridad social y pensiones, tres veces lo que va a generar la actual reforma fiscal en un año», según el economista Pedro Vásquez Colmenares, experto en el sistema financiero. Prevé que esto producirá «la próxima gran crisis del país», pues hoy «138 sistemas pensionarios tienen problemas de deuda, actualización legal, opacidad y falta de fondeo de sus finanzas».
Entrevistado por BBC Mundo, precisó que es tal la gravedad que «los sistemas de pensiones en el país habían acumulado hasta 2010 una deuda que representa el 104% del PIB», y al día de hoy estaría en 120% [junio 9, 2014].
Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación y la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados han calificado al sistema de pensiones como «un riesgo para las finanzas públicas», identificando que al término de su vida laboral la mayoría de los trabajadores solo tiene garantizada, en promedio, una pensión del 35% de su salario base.
Uno de los orígenes del problema, explica a su vez Roberto Salcedo Aquino, auditor especial de la ASF, son los 6 billones de pesos que exige el Instituto Mexicano del Seguro Social para pagar las pensiones de más de 18 millones de trabajadores, y que en 2016 dejará al dicho instituto con un déficit de 30 mil millones de pesos.
Pero quizás la razón fundamental de la crisis, como ha insistido en señalar la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados, es el «serio problema de opacidad por parte de las instituciones encargadas de la administración de las pensiones: el 60% no informó el monto de sus obligaciones laborales en sus estados financieros».
El senador Daniel Ávila Ruiz, por su parte, ha informado que «el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ya analiza cómo se puede conformar un marco legal que haga sustentables las pensiones, en un marco de realidad económica y no de promesas demagógicas que a la larga pagarán las siguientes generaciones».
Añade que su propuesta legislativa parte del análisis de experiencias exitosas como las de Bolivia, Trinidad y Tobago, Argentina, Brasil, Chile, Panamá y Uruguay.
Imagen: dispuestosavencer.com