Ley Anticorrupción, oportunidad histórica para sanear administración pública
El Senado de la República aprobó la iniciativa de Ley General Anticorrupción, con la cual se pretende «erradicar este fenómeno que afecta en general a la administración pública y que obstaculiza el desarrollo económico y social del país», según el dictamen aprobado [diciembre 13, 2013].
Para ello se propone sustituir a la Secretaría de la Función Pública por una Comisión Nacional Anticorrupción, la cual daría seguimiento administrativo a las denuncias, y una Fiscalía Especializada para Combatir la Corrupción, dependiente de la Procuraduría General de la República, para encausarlas penalmente.
Además da pauta para la expedición de la Ley General en Materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Combate a la Corrupción, aplicable a los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, y ordena «revisar con urgencia legislaciones secundarias, leyes de compras, adquisiciones y obras públicas, leyes de archivos de asociaciones público-privadas y la del servicio profesional de carrera».
El dictamen de Ley, de acuerdo con un comunicado del Senado de la República, es complementario de la Reforma Constitucional en Materia de Transparencia [noviembre] y la Reforma a la Deuda Pública Local [julio], de modo que si se aprueba completará el Sistema Nacional de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.
Sobre esta iniciativa, la organización civil México Evalúa envió una carta al Senado reconociendo la decisión de que la Comisión Nacional Anticorrupción «no esté limitada por el secreto fiscal ni bancario, pues eso garantizará una mayor capacidad para realizar eficazmente sus labores de investigación».
Por el contrario, manifiesta su preocupación por el hecho de que la Fiscalía Especializada para Combatir la Corrupción dependa de la PGR, pues «lamentablemente en la práctica es muy recurrente que esta dependencia no termine por integrar expedientes ni continúe las investigaciones».
Dicha organización propone, en cambio, que la fiscalía «recoja explícitamente las notificaciones del órgano anticorrupción para completar directamente la investigación y sujetar a un proceso penal, de ser el caso, al funcionario acusado por presunta corrupción».
Para el senador panista Daniel Ávila Ruiz el dictamen representa una oportunidad histórica para sanear la administración pública y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones de gobierno, en un contexto donde la «percepción general es que los funcionarios se enriquecen de manera inexplicable y que no dan cuenta de sus ingresos y gastos».
El dictamen aprobado pasará a la Cámara de Diputados, la cual deberá debatirlo y, en su caso, aprobarlo durante febrero próximo [2014].
En diciembre [2013] la prestigiada organización global Transparencia Internacional publicó su Índice de Percepción de la Corrupción 2013, ubicando a México en el lugar 106 de 177 países evaluados, lo cual evidencia la urgencia de la Ley General Anticorrupción.
México, entre los más corruptos del mundo: ocupa el lugar 106 de 177 países evaluados por Transparencia Internacional.
Infografía: eleconomista.com.mx