La crisis penitenciaria en números

“Desde hace varios lustros el sistema penitenciario en México se enfrenta a una profunda crisis, que la ha incapacitado para contribuir a la reinserción social de quienes cometen un delito”, caracterizada por los autogobiernos y el hacinamiento en que viven las personas privadas de libertad, en gran medida debido “al uso intensivo de la prisión preventiva y de la prisión para castigar delitos menores”.

Tal es el diagnóstico de Efrén Arellano Trejo en Impacto de la reforma constitucional en el sistema de ejecución de sentencias, estudio publicado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados.

Arellano Trejo precisa que en el país existe una tasa de 207 personas privadas de libertad por cada 100 mil habitantes, una de las mayores en el mundo, solo superada por Estados Unidos (756), Rusia (629), Ruanda (604), Cuba (531), Bielorrusia (468), Belice (455) y Georgia (415).

Y que dicha tasa “no es provocada únicamente por el crecimiento delictivo”, sino por el número de personas que se encuentran encarceladas sin haber recibido sentencia, “por lo menos el 58% de los 207 mil presos en México”, lo que muestra “una persistente lentitud para dictar sentencias por parte del sistema judicial, además de que no existen procedimientos eficaces para aplicar penas alternativas a la prisión”.

También destaca que entre quienes están privados de libertad existe la percepción de que “si hubieran tenido recursos para sobornar a las autoridades en el momento de la detención, hubieran podido evitar la cárcel”, porque están convencidos de que “quienes cometen robos mayores y disponen de recursos, logran eludir la sanción punitiva”.

Consulta Impacto de la reforma constitucional en el sistema de ejecución de sentencias