Inicia vía penal contra «turismo electoral»
Las denuncias que presentó en 2013 el senador panista Daniel Ávila Ruiz contra el «turismo electoral» en Quintana Roo y la excavación fraudulenta de pozos en más de una decena de municipios yucatecos no quedaron en la anécdota y el olvido; están teniendo al fin un cauce penal.
En el primer caso, Ávila Ruiz informó que el Instituto Nacional Electoral [INE] envió a la Procuraduría General de la República [PGR] evidencias sobre «prácticas fraudulentas» en las elecciones celebradas en Quintana Roo, en julio de 2013.
Dichas prácticas se refieren al «masivo cambio de domicilio» de miles de electores que originalmente residían en Yucatán y Campeche, y para aquellas elecciones ya aparecían en el padrón electoral de Quintana Roo. En el caso de los yucatecos, precisó el senador, el INE documentó «más de 7 mil 500 cambios de domicilio atípicos, identificados mediante visitas domiciliarias de campo».
Es significativo el caso de Valladolid, donde incluso más de 80 servidores públicos, incluido el presidente municipal, habrían realizado el mismo trámite de cambio de domicilio sin residir nunca en Quintana Roo, «un típico caso de turismo electoral solo para poder votar por los candidatos priistas en aquella localidad», acusó.
Es urgente que se sancione e inhiba esta práctica, sobre todo conforme se acerca la elección de diputados federales en Yucatán y Quintana Roo para 2016. El INE tiene aquí su primera prueba de fuego ante los habitantes de la Península.
Por otra parte, el senador yucateco exhortó a la PGR a acelerar la denuncia que presentó en mayo del año pasado por el «megafraude cometido en la construcción de pozos con costos millonarios en dos decenas de municipios yucatecos».
Se trata, advirtió, de «un robo, con mal manejo de recursos federales, un despilfarro que nunca nadie aclaró, de al menos 136 pozos contratados en el estado, los cuales tuvieron un precio unitario de 86 mil pesos, cuando no debían pasar de 20 mil».
Al presentar la denuncia, entonces ante la Auditoría Superior de la Federación, la sospecha de pozos con sobreprecio estaba solo en Mérida, pero hoy se ha detectado la misma práctica en por lo menos 19 municipios, incluidos Valladolid, Kantunil, Yaxkukul, Hunucmá, Panabá, Baca y Tixcacalcupul.
El precio por los pozos en dichas localidades «fue exorbitante, hasta 203% por encima de su valor real», alertó Ávila Ruiz, concluyendo que la PGR «debe esclarecer ya los agravios y sancionar a los exalcaldes que robaron a los yucatecos».