Dar voz: Proteger a las niñas, niños y adolescentes, más allá de las preferencias ideológicas*
*Por Senador Daniel Ávila Ruiz
La semana pasada, luego de muchas horas de trabajo, intercambio de opiniones y análisis de propuestas, el Senado de la República aprobó la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Se trata de un proyecto legislativo que revisamos al pormenor, artículo por artículo, fracción por fracción, pues sabemos que cuidar el detalle dota de mejores condiciones y garantías a nuestra población más joven.
Parte del debate tenía que ver con el significado y alcance de los derechos y garantías de los niños. Para algunos, ellos debían ser los únicos titulares; para otros, era necesario protegerlos y promoverlos con el apoyo de sus padres o tutores.
La minuta aprobada en el Senado enuncia derechos de la niñez y la adolescencia, entre ellos, a la vida, la supervivencia y el desarrollo; a vivir en familia, a no ser discriminado; a una vida libre de violencia; a la salud y seguridad social; y a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. También contempla derechos de niñas, niños o adolescentes migrantes.
De manera simultánea, la minuta establece principios y criterios que orientarán la política nacional hacia niñas, niños y adolescentes, así como las facultades, competencias y bases de coordinación entre los diferentes poderes, niveles de gobierno y organismos constitucionales autónomos. Se define que el Gobierno Federal y los estatales deberán crear procuradurías de protección a niñas, niños y adolescentes, y se define que el Sistema Nacional de Protección Integral estará encabezado por el Presidente de la República, y en las entidades federativas, por los gobernadores y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en tanto que en el nivel municipal la cabeza serán los alcaldes y los jefes delegacionales.
Con las reformas realizadas a la iniciativa preferente original, se deja atrás la visión proteccionista y paternalista en la materia, para avanzar hacia una legislación garantista que asume a las niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos.
En la minuta se incluyeron conceptos muy relevantes, tales como el derecho a la vida y la edad mínima para contraer matrimonio. Además, se estableció la obligación de que padres y/o tutores otorguen alimentos y condiciones sanas de vida. También, se norma una ruta para homologar los códigos estatales, a fin de impedir que algún niño padezca por lagunas jurídicas en la legislación estatal.
En mi opinión, un avance fundamental en esta Ley es que ahora se incluye a la sociedad civil en los consejos de los nuevos órganos de protección de la niñez, y a estos se les garantiza autonomía y presupuesto para que puedan realizar un trabajo eficiente.
La minuta, sin embargo, deja campos de oportunidad. El día de su aprobación presenté varias reservas cuyo contenido -confío- habremos de trabajar en el futuro. Enuncio algunas: el cuidado del desarrollo de las relaciones sociales de los infantes; el cuidado frente a los peligros del consumo de alcohol y sustancias adictivas; la supervisión de las instancias de apoyo a las niñas, niños y adolescentes; y la capacitación del personal que atienda y trabaje con ellos.
La ley siempre es perfectible. Pero esta minuta representa un avance significativo. Trabajamos por nuestras niñas, nuestros niños y nuestros adolescentes. Por y para ellos.
*Columna publicada originalmente en elpuntocritico.com [octubre 8, 2014]
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