“La seguridad pública en el marco de la ley de seguridad interna”, por Daniel Ávila Ruiz*
Daniel Ávila Ruiz
El pasado 16 de enero el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) publicó un estudio denominado “Encuesta Nacional de Seguridad Publica Urbana (Ensu)”, con el objetivo de presentar información de la percepción ciudadana de la población sobre la seguridad pública.
Dicho estudio acredita que existe un aumento de la percepción de inseguridad, pues al mes de diciembre de 2016, 74.1 por ciento de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad era inseguro. Dicho resultado es 6.7 por ciento mayor respecto a diciembre de 2015.
Otro resultado relevante es que las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que se sienten inseguras fueron: Villahermosa, Chilpancingo de los Bravo, la región oriente de la Ciudad de México, Ecatepec de Morelos y Fresnillo, con 97.5, 96.2, 95, 94.9 y 90.7 por ciento, respectivamente.
En contraste, las ciudades cuya percepción de inseguridad es menor fueron: Mérida, Puerto Vallarta, Durango, Tepic y Piedras Negras, con 33.8, 40.5, 42.2, 44 y 47 por ciento, respectivamente.
La información también refleja los sitios en que la ciudadanía se siente más vulnerable; 82 por ciento de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos; 74.2 por ciento en el transporte público; 68.3 por ciento en el banco y 67.1 por ciento en las calles que habitualmente usa.
Además, destacan los porcentajes de la población que identifica a las diversas corporaciones policiales como “muy o algo efectivas” en sus labores para prevenir y combatir la delincuencia, por ejemplo, Marina (84.2 por ciento), Ejército (81.7 por ciento), Gendarmería Nacional (69.4 por ciento), Policía Federal (63.5 por ciento), policía estatal (49.3 por ciento) y policía preventiva municipal (39.8 por ciento). De esta forma puede apreciarse que existe mayor confianza en instituciones de carácter federal.
Estos últimos datos son de especial relevancia en el contexto de una discusión de iniciativas de ley que diversos grupos parlamentarios han presentado en el Congreso en torno al tema de seguridad interna.
Al abordar la forma en que debemos regular la actuación de las Fuerzas Armadas, debemos recordar que en 2006 se tomó la decisión de que hicieran tareas que estaban encomendadas a los distintos cuerpos policíacos del país. A casi 10 años, se mantiene vigente la demanda de crear un marco regulatorio de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.
Al final de 2016, la posición del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional hizo explícita la incomodidad de realizar acciones de carácter policíaco por parte de los soldados mexicanos, al argumentar que los militares no estudiaron para perseguir delincuentes; que dichas funciones desnaturalizan la función de la milicia mexicana; que no se han reconstruido los cuerpos policíacos en 10 años; así como que México adolece de un marco regulatorio de la acción de la milicia. Lo anterior, específicamente, en casos de enfrentamiento al crimen organizado.
Por eso es muy relevante señalar que el pasado 10 de enero, en el Senado se realizó una reunión pública. Ahí se presentaron iniciativas que se tienen registradas en la materia, en las Cámaras de Diputados y Senadores. Así, es necesario abordar de forma coordinada el tema, intentando analizar las iniciativas de ley en materia de seguridad interior de las distintas fracciones parlamentarias.
A todos conviene que el Congreso construya nuevas definiciones legislativas, en el entendido de que no basta con la aprobación de una sola ley para definir las competencias y responsabilidades que necesitamos para resolver los problemas de seguridad pública. Además, es necesario delimitar las reglas para fundamentar las alternativas, para que la milicia colabore con autoridades civiles en las acciones de seguridad pública, procurando siempre proteger los derechos humanos de los ciudadanos.
*Publicado en El Sol de México [enero 23, 2017]
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