La iniciativa de reforma hacendaria que presentó al Congreso el presidente Enrique Peña Nieto [septiembre 8, 2013] dice tener un «carácter social», pero en realidad propone trasladar a la clase media buena parte de la carga fiscal, con impuestos a colegiaturas, hipotecas y renta de vivienda, así como también a campesinos y pequeños empresarios.

En la Cámara de Diputados dicha iniciativa fue respaldada por legisladores priistas y del Partido de la Revolución Democrática [PRD], en tanto que Acción Nacional [PAN] la rechazó.

Entre los puntos alarmantes, advirtieron los legisladores panistas en un comunicado, destacan la propuesta de aumentar de 30 a 32% el Impuesto sobre la Renta a quienes perciben un salario mayor a 40 mil pesos mensuales, y gravar con 70 pesos cada tonelada de combustibles fósiles, lo cual encarecería los combustibles de uso común entre 2 y 5%.

Acción Nacional rechaza asimismo la aplicación del 16% de Impuesto al Valor Agregado a las colegiaturas y a la renta, así como a las hipotecas de vivienda. En cuanto al sector agrícola, el senador yucateco Daniel Ávila Ruiz se manifestó particularmente en contra del aumento de impuestos en insumos vitales para el campo, como los plaguicidas, y de «la eliminación de los regímenes tributarios especiales, prevista en la iniciativa, pues los contribuyentes tendrían que pagar aproximadamente 30% más de impuestos de lo que actualmente tributan».

Los legisladores panistas criticaron, además, el proyecto de «Pensión Universal» previsto en la iniciativa de Peña Nieto, argumentando que significaría asumir un pasivo de entre 17 y 25% del Producto Interno Bruto, y en cuanto al Seguro de Desempleo opinaron que afectará al grueso de los trabajadores, pues sería financiado básicamente con las aportaciones al Infonavit.

Entrevistado por CNN México [octubre 12, 2013], el presidente del PAN, Gustavo Madero, advirtió que en general «la propuesta del Ejecutivo federal está mal diseñada y afecta en vez de beneficiar la economía de las familias y del país».

A su vez, el diputado federal panista Diego Sinhué Rodríguez Vallejo señaló que su grupo parlamentario prepara 20 recomendaciones específicas a la iniciativa de reforma en cuestión, que incluyen no gravar las colegiaturas ni la renta de vivienda.

En cuanto al PRD, su presidente Jesús Zambrano ha insistido en que la cancelación del IVA en alimentos y medicinas «es un gran triunfo de la gente, de todos, desde una perspectiva democrática, progresista y de izquierda», y que su partido «apoya que desaparezcan privilegios y paraísos fiscales», si bien rechaza el IVA a colegiaturas.

Y César Camacho Quiroz, del PRI, ha defendido la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto, por ser «una iniciativa equilibrada e inteligente», aunque acotó que su partido está dispuesto a incorporar sugerencias legislativas útiles.

Ante ello, el senador Ernesto Cordero sostuvo en entrevista para El Economista que «ni con parches» avalarán la propuesta presidencial.

El 20 de octubre [2013] es la fecha límite para que la propuesta del Ejecutivo sea debatida en la Cámara de Diputados.

Hicimos un compromiso con el mundo: Para 2020, en México tendremos que reducir el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero y para 2050 hemos de producir un 50% menos. Al final, la meta es dejar de ser el segundo país de América Latina que más daña al  ambiente y revertir la ola de tragedias humanas causadas por sequías, huracanes y otros desastres naturales.

Dicho compromiso lo ratificó en Varsovia [Polonia] el senador Daniel Ávila Ruiz, durante la XIX Novena Conferencia de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático [COP-19], a la que asisten anualmente 350 funcionarios, expertos y activistas medioambientales de 200 países [noviembre 11-19, 2013].

La Conferencia inició con un análisis urgente de ciertos hallazgos del Overseas Development Institute en el sentido de que «los países más ricos del mundo están subsidiando combustibles fósiles a una media de cien dólares por persona y año», y «por cada siete dólares que gastan en combustibles, destinan solo uno a los fondos para contener el sobrecalentamiento global».

La agenda  incluye también la concreción de acuerdos para apoyar a los países en desarrollo con inversiones que creen «fuentes de energía verdes»; promover tecnologías con bajo uso de carbón y redes comerciales enfocadas en la sustentabilidad, así como impulsar el desarrollo de «smart cities amigables con nuestro mundo».

La COP-19 «podría significar un punto de inflexión si se adoptan compromisos concretos para eliminar los subsidios a los combustibles fósiles y para incrementar el nivel de empeño con los Fondos para el Clima», advirtió Miren Gutiérrez, directora de Comunicación del Programa para el Clima y el Medioambiente del Overseas Development Institute.

Vanessa Pérez-Cirera, directora de Cambio Climático y Energía de WWF-México, dijo a su vez que sería un gran paso el que «los países acordaran la estructura de un acuerdo que les permita contar con un borrador para ser discutido en la COP20, en Lima, que pueda ser afinado durante 2015, y firmado hacia la COP21 en París», si bien para ese año, acota, «las emisiones globales de gases de efecto invernadero deberían ya estar disminuyendo».

En un comunicado, el senador Ávila Ruiz, representante mexicano en la COP-19, destacó que desde 2012 México cuente con la Ley General del Cambio Climático, misma que «garantiza el derecho a un medio ambiente sano, regula las emisiones de gases y compuestos de efecto de invernadero, y ordena acciones para la mitigación y adaptación del cambio climático», y que con esta base fue destinado en 2013 un presupuesto histórico de 34 mil millones de pesos.

Y concluyó con la expectativa de que «la reunión internacional en Varsovia nos permitirá avanzar en el análisis y aprendizaje de las experiencias positivas y negativas en materia de cambio climático y medio ambiente».