En 2014 «harán falta 531 mil millones de pesos para financiar seguridad social y pensiones, tres veces lo que va a generar la actual reforma fiscal en un año», según el economista Pedro Vásquez Colmenares, experto en el sistema financiero. Prevé que esto producirá «la próxima gran crisis del país», pues hoy «138 sistemas pensionarios tienen problemas de deuda, actualización legal, opacidad y falta de fondeo de sus finanzas».

Entrevistado por BBC Mundo, precisó que es tal la gravedad que «los sistemas de pensiones en el país habían acumulado hasta 2010 una deuda que representa el 104% del PIB», y al día de hoy estaría en 120% [junio 9, 2014].

Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación y la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados han calificado al sistema de pensiones como «un riesgo para las finanzas públicas», identificando que al término de su vida laboral la mayoría de los trabajadores solo tiene garantizada, en promedio, una pensión del 35% de su salario base.

Uno de los orígenes del problema, explica a su vez Roberto Salcedo Aquino, auditor especial de la ASF, son los 6 billones de pesos que exige el Instituto Mexicano del Seguro Social para pagar las pensiones de más de 18 millones de trabajadores, y que en 2016 dejará al dicho instituto con un déficit de 30 mil millones de pesos.

Pero quizás la razón fundamental de la crisis, como ha insistido en señalar la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados, es el «serio problema de opacidad por parte de las instituciones encargadas de la administración de las pensiones: el 60% no informó el monto de sus obligaciones laborales en sus estados financieros».

El senador Daniel Ávila Ruiz, por su parte, ha informado que «el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ya analiza cómo se puede conformar un marco legal que haga sustentables las pensiones, en un marco de realidad económica y no de promesas demagógicas que a la larga pagarán las siguientes generaciones».

Añade que su propuesta legislativa parte del análisis de experiencias exitosas como las de Bolivia, Trinidad y Tobago, Argentina, Brasil, Chile, Panamá y Uruguay.

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México ocupa un lamentable primer lugar como el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE] con más casos de bullying durante 2013 —unas 18 millones 780 mil víctimas—, principalmente entre alumnos de primaria y secundaria.

Así lo documenta la encuesta publicada por dicho organismo multilateral [junio 2014], misma que revela también que en nuestro país, del total de niños incluidos en el estudio, 44.4% dijo haber «atravesado por algún episodio de violencia verbal o psicológica a través de las redes sociales», en tanto que 42.24% declaró haber sido víctima de acoso en su escuela, «incluyendo desde insultos y amenazas, hasta agresiones físicas».

El impacto del bullying es tan grave, según la Secretaria de Salud, que el 59% de los suicidios entre jóvenes menores de 17 años tienen origen en algún tipo de acoso físico o psicológico, siendo Estado de México, Michoacán, Distrito Federal, Veracruz, Guanajuato, Chihuahua, Nuevo León, Puebla y Tabasco las entidades federativas con mayor incidencia.

Otro factor que agrava este fenómeno es la alarmante «cifra negra» —o sea, los casos no denunciados— que existe ante el acoso escolar: Alejandro Jiménez Ornelas, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, calcula que podría alcanzar un 70%.

Basta revisar las cifras del Consejo Preventivo de Violencia Escolar del estado de Michoacán, uno de los que más padecen este fenómeno: desde su creación, en enero de 2013, ha atendido una sola denuncia.

A principios de este mes el secretario de Educación Público Emilio Chuayffet fue severamente cuestionado por mostrarse poco sensible al tema. En particular, los diputados federales panistas exigieron su destitución.

El gobierno federal, a su vez, impulsó desde la Secretaría de Educación Pública el Convenio de Coordinación para Facilitar el Combate a la Violencia en las Escuelas, con 15 acciones «encaminadas a capacitar a los profesores, optimizar los canales de denuncia y facilitar la colaboración institucional».

Otra iniciativa contra el bullying se origina en el Senado de la República, donde la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ya analiza una iniciativa para crear la Ley General para la Prevención y Atención de la Violencia Escolar, la cual prevé sanciones que van desde «amonestaciones a multas que pueden alcanzar los 5 mil días de salario mínimo a maestros y padres de familia que permitan o sean omisos ante estos actos de violencia».

Al día solo el Distrito Federal, Nayarit, Puebla, Tamaulipas y Veracruz cuentan con algún tipo de ley para prevenir y erradicar la violencia en las escuelas, aunque al final, como advierte el senador panista Daniel Ávila Ruiz, «más que leyes, es la sociedad en su conjunto la que tiene que responsabilizarse de que los niños se eduquen en un contexto de libertad, igualdad y justicia, y comprometernos a establecer lazos de comunicación, relación y actividad con base en el respeto».

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