Las denuncias que presentó en 2013 el senador panista Daniel Ávila Ruiz contra el «turismo electoral» en Quintana Roo y la excavación fraudulenta de pozos en más de una decena de municipios yucatecos no quedaron en la anécdota y el olvido; están teniendo al fin un cauce penal.

En el primer caso, Ávila Ruiz informó que el Instituto Nacional Electoral [INE] envió a la Procuraduría General de la República [PGR] evidencias sobre «prácticas fraudulentas» en las elecciones celebradas en Quintana Roo, en julio de 2013.

Dichas prácticas se refieren al «masivo cambio de domicilio» de miles de electores que originalmente residían en Yucatán y Campeche, y para aquellas elecciones ya aparecían en el padrón electoral de Quintana Roo. En el caso de los yucatecos, precisó el senador, el INE documentó «más de 7 mil 500 cambios de domicilio atípicos, identificados mediante visitas domiciliarias de campo».

Es significativo el caso de Valladolid, donde incluso más de 80 servidores públicos, incluido el presidente municipal, habrían realizado el mismo trámite de cambio de domicilio sin residir nunca en Quintana Roo, «un típico caso de turismo electoral solo para poder votar por los candidatos priistas en aquella localidad», acusó.

Es urgente que se sancione e inhiba esta práctica, sobre todo conforme se acerca la elección de diputados federales en Yucatán y Quintana Roo para 2016. El INE tiene aquí su primera prueba de fuego ante los habitantes de la Península.

Por otra parte, el senador yucateco exhortó a la PGR a acelerar la denuncia que presentó en mayo del año pasado por el «megafraude cometido en la construcción de pozos con costos millonarios en dos decenas de municipios yucatecos».

Se trata, advirtió, de «un robo, con mal manejo de recursos federales, un despilfarro que nunca nadie aclaró, de al menos 136 pozos contratados en el estado, los cuales tuvieron un precio unitario de 86 mil pesos, cuando no debían pasar de 20 mil».

Al presentar la denuncia, entonces ante la Auditoría Superior de la Federación, la sospecha de pozos con sobreprecio estaba solo en Mérida, pero hoy se ha detectado la misma práctica en por lo menos 19 municipios, incluidos Valladolid, Kantunil, Yaxkukul, Hunucmá, Panabá, Baca y Tixcacalcupul.

El precio por los pozos en dichas localidades «fue exorbitante, hasta 203% por encima de su valor real», alertó Ávila Ruiz, concluyendo que la PGR «debe esclarecer ya los agravios y sancionar a los exalcaldes que robaron a los yucatecos».

Prosiguen las multas a Real Estate Dragon Mart Cancún, sociedad mercantil que impulsaba el megaproyecto Dragon Mart Cancún: la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente [PROFEPA] le impuso otra más por «daño forestal», esta vez de 2 millones 758 mil pesos, y la obligación de invertir en la zona, por «remediación y restauración», otros 11 millones 888 mil.

Esta sanción contempla también la obligación de «presentar un proyecto para restaurar el predio de 561 hectáreas conocido como El Tucán, que deberá ser reforestado» con una inversión mínima de 9 millones 380 mil pesos.

Tales multas se originan del amparo promovido por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental [CEMDA] y el senador por Yucatán Daniel Ávila Ruiz en julio [2014], los cuales habían denunciado que aquel corporativo de capital chino no tenía autorización de la PROFEPA para emprender el megaproyecto y ni siquiera un diagnóstico riguroso sobre su impacto ambiental.

En total, de acuerdo con un comunicado de PROFEPA, Real Estate Dragon Mart Cancún tendrá que pagar más de 22 millones de pesos «por ausencia de autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales y por el daño a ecosistemas de Selva Baja Espinosa, vegetación hidrófila y Selva Baja Subcaducifolia».

Otras organizaciones que apoyaron el amparo promovido por el senador Ávila Ruiz y CEMDA fueron Fundadores de Cancún, Voces Unidas por Puerto Morelos y Ombligo Verde, las cuales tienen al menos cinco años advirtiendo sobre la ausencia de permisos en proyectos con impacto ambiental negativo en la región.

En su comunicado, la PROFEPA explicó que los daños específicos tienen que ver con que «la disminución de cobertura vegetal desencadena una serie de efectos negativos, como el decremento de la infiltración de agua, la pérdida de suelo por erosión hídrica; la baja en la tasa de captura de carbono, la pérdida de biodiversidad y la reducción en la función de amortiguamiento de los impactos de huracanes, entre otros».

Daniel Ávila Ruiz ha reiterado que continuará vigilando que las sanciones se cumplan y que no inicie un solo proyecto que devaste la Península yucateca.