Victoria para la legalidad: Clausuran definitivamente Dragon Mart Cancún

Diversos actores sociales, entre ellos organizaciones civiles, cámaras empresariales y legisladores, vieron satisfecha su exigencia de justicia y respeto a la legalidad en el caso del megaproyecto comercial de inversión china Dragon Mart, al ordenar la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente [Profepa] su clausura definitiva tras documentar que alteró “las condiciones de equilibrio ecológico y devastó 149 hectáreas en el municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo” [enero 26, 2014].

Recordemos que el megaproyecto tuvo origen, al menos públicamente, el 22 de marzo de 2011, cuando el gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, y el presidente de Chinamex Middle East Investment and Trade Promotion Centre, Hao Feng, lo presentaron ante empresarios y autoridades locales como un “show room” en el que más de 2 mil 500 empresas venderían productos de manufactura china, con la promesa de generar unos 5 mil empleos directos para mexicanos y ciudadanos chinos. Llegaron a llamarle entonces “el Santo Grial del comercio exterior”.

El gobierno de Quintana Roo, por su parte, otorgó un “paquete de apoyos” que incluía subsidiar el pago del Impuesto sobre la Traslación de Dominio, agilizar el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, y diferir el Impuesto sobre Nómina, entre otras prebendas relacionadas con el pago de derechos para la conexión del agua potable.

Lo cierto es que, tal como lo ha documentado El Universal en una serie de reportajes, aquella presentación pública fue la consumación de un proceso más bien opaco que comenzó en 2010, del que se rindió información a cuentagotas, y que desde el inicio cargó con la alerta del Centro Mexicano de Derecho Ambiental [Cemda] sobre el posible “desmonte de vegetación forestal” en el terreno donde se construiría Dragon Mart.

No obstante la advertencia, en 2012, con Roberto Borge como gobernador de Quintana Roo y quien bautizó al Dragon Mart como “el proyecto de mi sexenio”, el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental, dependiente de la Secretaría de Medioambiente de Quintana Roo, autorizó en “fast track” el proyecto [septiembre 6, 2012].

Es entonces cuando la presión del Cemda aumentó, exigiendo al proyecto “permisos de impacto ambiental y cambio de uso de suelo en terrenos forestales”, sin que su exigencia tuviera mayor visibilidad en la agenda mediática.

Sin embargo, a esa petición se fueron sumando otras organizaciones civiles, académicas, empresariales y particularmente el senador panista Daniel Ávila Ruiz. Este colectivo de actores sociales terminó siendo clave para interponer en enero de 2014 un amparo con el cual obligaron a la Profepa a responder a las denuncias acumuladas contra Dragon Mart.

Lo que siguió fue una serie de investigaciones que derivaron, entre agosto y septiembre de 2014, en multas millonarias contra el magaproyecto, de hasta 22 millones de pesos, por “haber dañado un promedio de más de 200 hectáreas de vegetación forestal”, de acuerdo con un comunicado de prensa del Senador Ávila Ruiz [septiembre 28, 2014]. Y finalmente la clausura definitiva del proyecto el 22 de enero del año en curso.

Para el senador Ávila Ruiz, la clausura “total y definitiva” era clave para garantizar el respeto a la legalidad y reafirmar que “el Estado mexicano no puede ni debe aceptar inversiones de carácter predatorio, a costa de la sustentabilidad ni el bienestar de las y los mexicanos de hoy y de las futuras generaciones”.