Veto parcial del Ejecutivo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas*
Daniel Ávila Ruiz
Con motivo de las observaciones que remitió el titular del Ejecutivo Federal al Senado de la República, en relación con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Comisión Permanente del Congreso aprobó convocar a un Nuevo Periodo Extraordinario de Sesiones a partir del 5 de julio, en la Cámara Alta, y el 6 de julio a la Cámara de Diputados.
Las observaciones que remitió el Ejecutivo Federal al Senado de la República para su revisión se refieren exclusivamente al artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en sus incisos b) y c), y nueve artículos concurrentes que regulan la obligación de los particulares de presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses, así como la forma de dar cumplimiento a dicha obligación y las sanciones correspondientes: artículos 3, 4, 27, 30, 32, 33, 37, 46, 73 y 81.
El titular del Ejecutivo Federal señaló que la obligación que establece el 32, tal como lo aprobó en el legislativo “constituye una intromisión indebida en la esfera jurídica de las personas físicas y morales”, pues impone una carga desmedida a todos los particulares que reciben recursos públicos, por las siguientes razones:
Se aplicaría de manera indiscriminada a todas las personas que reciban recursos públicos, sin distinguir, por ejemplo, entre personas que reciben beneficios de programas sociales, estudiantes becados a través de entidades públicas, e incluso personas físicas que presten servicios a empresas que tengan contratos públicos.
Además, el Ejecutivo señala que dicha disposición podría constituir una violación a los artículos 1°, 6°, 16, 22 y 108 de la Constitución; que la medida no es necesaria ya que existen otros mecanismos efectivos para combatir la corrupción; y que es desproporcional, pues la intromisión es mayor que el beneficio que se pretende obtener.
Cabe señalar, que el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas se aprobó en el Senado derivado de la votación sobre las modificaciones que presentó el senador Manuel Cárdenas Fonseca, por 95 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones. Aquí quiero ser muy enfático, pues uno de esos siete votos en contra de la reserva que tanta polémica ha causado, fue el mío.
Mi postura y el sentido de mi voto en relación con la Ley 3de3 siempre ha sido muy claro: voté a favor de que los formatos para presentar las declaraciones fiscal, de intereses y patrimonial fueran los mismos que proponía la ciudadanía en la Ley 3de3 (artículo 29); y voté en contra de las modificaciones al artículo 32 que propuso el senador Cárdenas Fonseca, pues en todo momento la intención de mi voto como representante de los ciudadanos en el Senado de la República fue a favor de la Ley 3 de 3 en los términos originalmente presentados por las organizaciones de la sociedad civil.
En este tenor, y en congruencia con el artículo 223 del Reglamento del Senado de la República, el proceso legislativo correspondiente debe circunscribirse de forma exclusiva a los artículos observados.
Bajo este supuesto, durante los últimos días se han esbozado tres vías para desahogar el veto de la Ley 3de3, sobre todo a partir de declaraciones que legisladores de las diferentes fuerzas políticas han emitido: aceptar la propuesta remitida con una votación de mayoría simple; o no aceptar la propuesta con las dos terceras partes del Pleno; o con mayoría simple, plantear una nueva redacción en la que quede claro qué personas físicas o morales deben presentar sus declaraciones.
La ruta que habrá de seguirse seguramente será consecuencia de observar el contenido de la norma y del acuerdo político, pero quiero enfatizar que los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional estaremos comprometidos a desarrollar bases institucionales operativas y constitucionales que permitan combatir, prevenir y sancionar el fenómeno de la corrupción.
* Publicado en El Sol de México [julio 4, 2016]
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