Transparencia en el uso de los recursos públicos en los estados*

El verdadero valor consiste en hacer, sin testigos, lo que uno
sería capaz de hacer ante todo el mundo
François de la Rochefoucauld,

Los bolsillos de los gobernantes deben ser de cristal.
Enrique Tierno Galván

De acuerdo con un análisis publicado la semana pasada en un diario de circulación nacional, la mitad de las 32 entidades federativas en México incumplen con la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

La LGCG es una Ley que, entre otras cosas, obliga a los estados a homologar su información financiera para facilitar el registro y la fiscalización de los recursos públicos (incluyendo activos, pasivos, ingresos y gastos) y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, así como de la administración de la deuda pública (incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado). En suma, uno de los propósitos principales de esta ley es fortalecer la transparencia y rendición de cuentas sobre cómo se administran y se ejercen los recursos públicos.

La LGCG entró en vigor el 1 de enero 2009 y se otorgó suficiente tiempo para que las entidades federativas publicaran datos en la forma estipulada en dicha Ley. Por ejemplo, los informes electrónicos sobre la deuda pública de los tres órdenes de gobierno iniciaron su publicación a partir del año 2012.

La Ley establece claramente que en las páginas web de los entes públicos se deberán implementar mecanismos amigables al usuario, con los documentos que expliquen de manera sencilla el contenido de la información financiera.

¿Qué resultados se conocen a la fecha? De acuerdo con los datos oficiales del Consejo Nacional de Armonización Contable (Conac) disponibles hasta el tercer trimestre de 2013, los estados de Baja California Sur, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas incumplen en su totalidad con la información financiera que debiera estar en sus sitios de Internet.

Los estados de Tamaulipas, Sinaloa, Morelos, Jalisco, Durango, Chiapas, Campeche y Baja California incumplen parcialmente con los requerimientos financieros. Finalmente, los estados que sí cumplen con toda la información financiera son: Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco y Yucatán.

Además de Conac, hay otros organismos que elaboran índices e informes sobre la transparencia de los gobiernos de las entidades federativas. Aregional, por ejemplo, creó un Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas (ITDIF). El ITDIF se conforma por 6 grandes bloques: marco regulatorio, costos operativos, marco programático-presupuestal, rendición de cuentas, evaluación de resultados y estadísticas fiscales

Para reportar resultados, Aregional presenta 3 clasificaciones: alto, medio y bajo. Alto indica que la entidad cumplió con un porcentaje igual o mayor a 80% de los requerimientos en materia de disponibilidad y calidad de la información. El nivel medio significa que la entidad cumplió en un rango igual o mayor a 60% y menor a 80%; bajo que las entidades tienen una cobertura menor a 60% de los requerimientos de disponibilidad y calidad de la información.

En este índice, el Estado de México, Nayarit, Puebla, Oaxaca, Jalisco, Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Campeche, Veracruz, San Luis Potosí, Aguascalientes, Colima, Nuevo León, Chiapas, Guanajuato y Michoacán se ubican en la clasificación de “alto” cumplimiento. Querétaro, Tamaulipas, Baja California. Morelos, Distrito Federal, Durango, Coahuila y Yucatán en el nivel medio. Finalmente, Sonora, Hidalgo, Tlaxcala, Zacatecas, Tabasco, Quintana Roo y Guerreo en el nivel “bajo”.

De acuerdo con Aregional, durante 2013 los gobiernos de varios estados cayeron en la clasificación de transparencia. Cito el caso de Yucatán: su caída en la calificación, según los analistas, responde a falta de actualización de criterios como las estadísticas fiscales, así como el no cumplimiento de las nuevas variables respecto a los Informes de Finanzas y de Deuda Pública 2012.

Habrá que dar seguimiento puntual a estos y otros índices de transparencia. Entre otras cosas, porque todos los ciudadanos tienen el derecho de acceso a la información. Asimismo, porque los reportes financieros de las instituciones de gobierno, en los niveles federal, estatal y municipal, dan cuenta de los recursos públicos, que son de todos, y del desempeño de las autoridades.

*Artículo publicado originalmente en El Sol de México [enero 13, 2014]