Transparencia: clave para reducir la corrupción*

La clave de un buen gobierno se basa en la honestidad
Thomas Jefferson

El acceso a la información es el derecho que tiene toda persona de buscar, recibir y difundir información en poder del gobierno, en tanto que la transparencia es la obligación de los gobiernos de dar cuenta a los ciudadanos sobre todos sus actos, especialmente respecto del uso del dinero público y prevenir, así, los casos de corrupción.

La transparencia es una de las principales exigencias de los ciudadanos.

En México contamos con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que obliga a la federación, estados y municipios a homologar su información financiera con objeto de facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda pública, incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado. Se pretende que la información sea clara, sencilla y accesible a los órganos de fiscalización y evaluación, pero particularmente a la sociedad.

La Ley entró en vigor el 1 de enero 2009 y se otorgó suficiente tiempo para que las entidades federativas publicaran datos en la forma estipulada en dicho ordenamiento.

En este contexto, el 12 de noviembre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la norma citada con el propósito de privilegiar la transparencia a través de medios electrónicos.

La Ley establece claramente que en los sitios web de los entes públicos se deberán implementar mecanismos amigables al usuario, con los documentos que expliquen de manera sencilla el contenido de la información financiera. Sin embargo, la mitad de las 32 entidades federativas en México incumplen con el ordenamiento legal.

De acuerdo con datos oficiales del Consejo Nacional de Armonización Contable (Conac) disponibles hasta el tercer trimestre de 2013, los estados de Baja California Sur, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas incumplen en su totalidad con la información financiera que debiera estar en sus sitios de Internet.

Los estados de Tamaulipas, Sinaloa, Morelos, Jalisco, Durango, Chiapas, Campeche y Baja California incumplieron parcialmente con los requerimientos financieros que, en general, servirán para mejorar una homologación en los gastos e ingresos de cada entidad y así facilitar la contabilidad y la rendición de cuentas.

Los estados que sí cumplen con toda la información financiera son: Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco y Yucatán.

La falta de información afecta no sólo a las autoridades fiscalizadoras, sino a los ciudadanos, quienes, de no encontrar el dato buscado en los portales de las entidades, se ven en la necesidad a obtenerlos a través de solicitudes dirigidas a los órganos garantes de la transparencia gubernamental, cuyas reglas de operación no son claras y a los que las entidades federativas y los municipios les regatean la información, pese a que están obligados a brindarla.

En mi carácter de Senador de la República, hago un llamado a las autoridades estatales y municipales para que cumplan con sus obligaciones y, sobre todo, se comprometan con la demanda ciudadana de transparencia y rendición de cuentas, como un medio eficaz para combatir la corrupción.

*Artículo publicado originalmente en El Sol de México [marzo 31, 2014]