Sigue impune caso Dragon Mart*
El senador Daniel Ávila Ruíz solicitó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) revelar el status que guarda el proyecto Dragon Mart Cancún, clausurado en enero de 2015 por devastar 149 hectáreas de manglar y destruir humedales.
“Particularmente (se solicitó información) sobre las sanciones económicas impuestas a los promotores del complejo comercial durante el 2014, así como saber si dichas empresas sancionadas por la dependencia a su cargo, ya pagaron cada una de las multas impuestas y que en 2014 ascendían a 22 millones de pesos”, pidió el senador Ávila Ruíz al titular de Profepa, Guillermo Haro Belchez.
En mayo de 2013, el ayuntamiento de Benito Juárez, encabezado por el perredista Julián Ricalde Magaña, impuso una multa por 2 millones de pesos contra la compañía Real Estate Dragon Mart Cancún por las labores de chapeo y desmonte de casi 87 hectáreas de vegetación.
Posteriormente, el 8 de septiembre del 2014, Profepa aplicó a la empresa una multa en materia forestal por 2 millones 758 mil 890 pesos; una compensación ambiental por 9 millones 380 mil 818 pesos y una restauración por 2 millones 508 mil 243.15 pesos.
La multa aplicada fue resultado del sobreseimiento resuelto por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, respecto al recurso promovido por la empresa que intentó fallidamente evitar ser clausurada o multada por la autoridad.
Previamente, la Profepa había presentado ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente de la Procuraduría General de la República (PGR) una demanda penal contra el representante de la compañía Juan Carlos López Rodríguez, por delitos cometidos contra la biodiversidad, previstos y sancionados en los artículos 418 y 420 bis del Código Penal Federal en el predio denominado “El Tucán”.
En noviembre de 2015, Profepa solicitó al gobernador de Quintana Roo Roberto Borge y al presidente municipal de Benito Juárez, Cancún, Paul Carrillo de Cásares, revisar de manera exhaustiva todas y cada una de las autorizaciones otorgadas al proyecto a fin de constatar su legalidad y deslindar las responsabilidades legales correspondientes.
Entre otras exigencias, la dependencia exhortó a las autoridades competentes, iniciar los procedimientos administrativos para la revocación, modificación, suspensión o cancelación de las autorizaciones, permisos o licencias otorgadas al citado proyecto. Sin embargo, el gobernador Roberto Borge y el presidente municipal Paul Carrillo, han declinado hablar del tema.