• Senado aprueba punto de acuerdo sobre el robo de hectáreas ejidales en Yucatán

    Ante el Senado de la República, el Senador Daniel Ávila Ruiz, integrante de la Comisión de Reforma Agraria, presentó punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEDATU, SEMARNAT, PGR, ASF, SFP, PROFEPA y al OIC del RAN, investigar dentro del marco de sus atribuciones las presuntas irregularidades por parte de funcionarios del Estado de Quintana Roo y del Estado de Yucatán.

    El punto de acuerdo tiene como objetivo aclarar el cambio ilegal de propietarios y de títulos de propiedad de tierras catalogadas como selvas, resguardadas por el ejido de Hunucmá, pero ubicadas en el municipio de Ucu, Yucatán.

    El Senador Daniel Ávila Ruiz explicó que dichas tierras se pagaron a cada uno de los supuestos ejidatarios del núcleo agrario, la cantidad de 800 mil pesos, siendo un total de 40 personas, lo que equivale a 32 millones de pesos, más el dinero adicional que habrán pagado por la regularización que según cálculos no baja de 50 millones de pesos.

    Ese dinero, presuntamente, fue desviado de las arcas del gobierno del Estado de Quintana Roo, pues un gran porcentaje de las tierras se le asignaron a Manuel Alberto Guillermo Molina, hermano de Juan Pablo Guillermo Molina, Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo.

    Ávila Ruiz subrayó que el pasado mes de febrero, denunció ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Órgano Interno de Control del Registro Agrario Nacional (OIC-RAN) y la Procuraduría General de la República, presuntas irregularidades administrativas y tráfico de influencias por parte de Juan Pablo Guillermo Molina, Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo.

    Asimismo, denunció a José Luis Carlos Santos Ramírez, ex titular de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Yucatán y, a los ciudadanos: Manuel Alberto Guillermo Molina, Antonino Cascio González, Alfonso Herrera García y Denalí De Lourdes Cetina González, por la posesión irregular o ilegal de tierras ejidales del poblado de Ulila, municipio de Ucu, Yucatán.

    Ante presuntas anomalías, el Senador Ávila Ruiz presentó la misma denuncia ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) e incluso envió un oficio a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en el que solicitaba a dicha dependencia hacer una inspección pormenorizada de más de mil 200 predios y tierras ejidales, que son terrenos en zona de selva, ubicadas en el poblado de Ulila, Ucu, Yucatán.

    De acuerdo con la Ley Agraria, no se pueden asignar parcelas de las tierras reconocidas como selvas.

    Por su parte, la Auditoria Superior de Federación informó que los datos brindados en la denuncia se considerarán como uno de los insumos en el proceso de planeación y programación de auditorías de la Cuenta Pública 2015.

    Asimismo, la SFP a través de la Dirección General de Denuncias e Investigaciones informó que la denuncia fue registrada con el número de expediente DGDI/DGAI-B/DI-D/RAN/019/2016 y dará respuesta a la denuncia.

    El Órgano Interno de Control del Registro Agrario Nacional informó que este asunto fue radicado bajo el expediente número 2016/RAN/DE53, en el que se ordena el inicio de la investigación.

    SEMARNAT y la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA) en la Delegación de Yucatán, señaló que según el tercer acuerdo de sus funciones, son actividades y funciones que les compete a las autoridades agrarias.

    Sin embargo, el Senador Daniel Ávila Ruiz subrayó que seguirá al pendiente de las denuncias presentadas ante las instituciones y autoridades correspondientes, “es importante que se aclare el despojo de tierras pertenecientes a ejidatarios del poblado de Ulila y, se castigue a los responsables con apego a la Ley”.

    En este tenor,  el Senador Ávila Ruiz exhortó a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y del Órgano Interno de Control del Registro Agrario Nacional, para investigar y revisar los procesos de entrega de las más de mil tierras ejidales catalogadas como selvas, y que están en posesión de Manuel Alberto Guillermo Molina, de Antonino Cascio González; de Alfonso Herrera García; y de Denalí De Lourdes Cetina González. (20/04/16)

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