
Rechazamos dictamen de la Ley Federal de Telecomunicaciones
El Senador Daniel Ávila Ruiz aseguró que el dictamen de la Ley Federal de Telecomunicaciones contraviene el espíritu de la Reforma Constitucional, fortalece estructuras monopólicas y daña por lo menos a 58 millones de mexicanos, por lo que rechazó tajantemente dicho documento.
El Senador Ávila reconoció que el dictamen contiene algunos avances, como las medidas preponderantes que se aplicarán como la eliminación del “rooming” en telefonía celular y en la larga distancia en telefonía fija, lo que generará mayor competencia en algunos servicios de telecomunicación y podrá derivar en mejores tarifas para usuarios.
También consideró importantes las regulaciones que se establecen en materia de publicidad, destinadas a limitar el tiempo de transmisión de comerciales ya proteger a los menores de los anuncios de comida chatarra.
Sin embargo, ante el Pleno del Senado de la Republica, advirtió si se aprueba el actual dictamen se condenaría al país “a sufrir un capitalismo salvaje que haga trizas el orden político ya de por si debilitado”.
Al intervenir en el Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones, explicó que los usuarios “pagamos mucho dinero por malos servicios” y que “validar el dictamen sería permitir que los abusos al usuario siguen ocurriendo y se puedan agravar”.
Mencionó como ejemplo el artículo nueve transitorio del dictamen. “si ese artículo se aprueba como ahora se presenta, se permitirá fusionar todo lo que se quiera a las empresas no consideradas como dominantes en la industria, al margen de las facultades del órgano regulador”.
Ávila Ruiz exhortó a los senadores a darle a los trabajos legislativos “la dignidad necesaria” para acompasar la comunicación con la sociedad, “para que no haya sombras de dudas en la utilidad de una verdadera Reforma que sea celosa de la rectoría estatal, construya órganos reguladores fuertes, adecuados y eficaces”.
Luego de destacar que “los daños que sufrimos por los monopolios en los medios de comunicación son profundos y peligrosos”, indicó que con el dictamen, tal como ahora está, 58 millones de mexicanos quedarán fuera o tendrán limitados beneficios económicos y sociales para trabajar, estudiar, comunicarse, adquirir información, cultura y entretenimiento.
“Si hoy aprobamos estas reformas secundarias tal como se proponen, no sólo daremos la espalda a la mayoría de los mexicanos sino que generaremos una mayor debilidad del Estado”, reiteró.
Advirtió que los legisladores que voten a favor de este dictamen “serán recordados como los principales promotores de una regulación secundaria que lesiona los derechos fundamentales de libertad de expresión y derecho a la información”.
Quienes aprueben esta aberración no se van a quitar de encima el señalamiento de ser comparsas de una medida servida en charola de plata a una de las partes de la repartición del mercado en que se traduce esta norma secundaria, insistió.
Ávila Ruiz expresó su posicionamiento durante la discusión en lo general del dictamen de las comisiones unidas de comunicaciones y transportes, de radio, televisión y cinematografía, y de estudios legislativos, con proyecto de decreto por el que se expiden la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión y la ley del sistema público de radiodifusión del estado mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
Hizo notar que el actual proyecto de dictamen establece disposiciones insignificantes para regular la propiedad cruzada de medios y omite determinar con precisión los límites a la concentración nacional y regional de frecuencias.
Además, limita los beneficios de la convergencia tecnológica, y por ello dota de manera insuficiente a los medios de uso social de mecanismos para su subsistencia y les impone condiciones inequitativas para la obtención de las concesiones.
Recordó que la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, aprobada el año pasado, tiene la intención de ofrecer un mejor acceso a los diferentes medios de comunicación para los usuarios, además de impulsar la inversión que permitiera incrementar el Producto Interno Bruto y disminuir la concentración de unos pocos participantes en el mercado a fin de desalentar la operación de monopolios en el mercado de telecomunicaciones.
A partir de esas directrices se esperaba que el Estado mexicano diseñara mejores herramientas regulatorias para conducirnos a una reconfiguración del sector telecomunicaciones en beneficio de la competencia, las inversiones y, sobre todo, de los usuarios, quienes tienen derecho a contar con una mayor cobertura, mejor calidad y precios competitivos. (04/07/2014)