• Profepa multa con 7 millones a proyecto Dragon Mart

    Avanzamos en la protección de nuestro medio ambiente frente a los daños del proyecto Dragon Mart en Cancún.

    Agosto 14, 2014

    El Universal

    Por Adriana Varillas

    La autoridad aplicará procedimiento administrativo en materia de impacto ambiental por la afectación de ecosistemas costeros y deforestación.

    Por carecer de autorización de impacto ambiental emitida a nivel federal, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) multó con siete millones 233 mil 675 pesos al megaproyecto “Dragon Mart Cancun”, además de ordenar a la empresa promotora a realizar acciones de reforestación en una superficie mayor a la que afectaron con el desmonte de vegetación forestal y la apertura de caminos en área de humedales.
     
    La resolución fue dada a conocer este jueves, como resultado de las inspecciones realizadas meses atrás por la PROFEPA, en el predio de 562 hectáreas conocido como “El Tucan”, en donde inspectores abrieron dos procedimientos administrativos en materia de impacto ambiental y forestal.
     
    Mediante un comunicado de prensa, la Procuraduría encabezada por Guillermo Haro Bélchez, informó que la sociedad mercantil “Real Estate Dragon Mart Cancun” tendrá que tramitar la autorización de impacto ambiental ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
     
    Esto último, confirma lo denunciado permanentemente por organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Voces Unidas por Puerto Morelos, la asociación Fundadores de Cancún o de diputados y senadores como Graciela Saldaña y Daniel Ávila, del PRD y del PAN, quienes han insistido en que el proyecto carecía de autorización ambiental federal y que debía obtenerla, antes de iniciar obras.
     
    La resolución de Profepa, echa también por tierra los alegatos de la empresa Real Estate Dragon Mart Cancún, que siempre se resistió a tramitar la autorización de impacto ambiental ante la Semarnat, escudándose solo en la autorización ambiental que emitió el gobierno de Quintana Roo, a través de su Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental (INIRA), en septiembre del 2012.
     
    “El proyecto fue sancionado por no contar con autorizaciones para la realización de obras, así como dos caminos en zonas de humedales y por la afectación de ecosistemas costeros, derivado de la construcción del desarrollo inmobiliario”, precisó la dependencia federal.
     
    En caso de que la empresa no obtenga la autorización de impacto ambiental, deberán “aplicar medidas de restauración y compensación por los daños ambientales provocados”.
     
    La empresa, representada por Juan Carlos López, tiene que entregar además planos georreferenciados de las obras, estudios de flora, fauna e hidrológica del predio, además de realizar una compensación ambiental, reforestando “una superficie superior a la impactada”.
     
    La Profepa, junto con la Comisión Nacional de Áreas Naturales protegidas (Conanp) determinará el tipo de proyecto de reforestacion en una o varias áreas naturales protegidas en Quintana Roo, que debe aplicar y costear la empresa.
    Sobre el juicio de amparo promovido por la compañía, en contra de alguna suspensión de obra o clausura, quedó sobreseído por el juez de Distrito.
     
    “Sin embargo, la sentencia no ha quedado firme, en virtud de que la misma fue impugnada ante Tribunales Colegiados”, se indicó, para luego agregar que en próximos días se dará a conocer la resolución sobre el procedimiento administrativo en materia forestal.
     
     

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