Opacidad daña gravemente la credibilidad de las instituciones
Daniel Ávila Ruiz suscribió un punto de acuerdo para hacer públicas las declaraciones patrimoniales de los senadores [octubre 16, 2012].
El 31 de octubre [2012] venció el plazo para que los diputados federales y senadores ―entrantes y salientes— presentaran su declaración patrimonial: solo la mitad cumplió, aunque tenían un plazo de 60 días para hacerlo y recibieron numerosos recordatorios.
Según el diario El Universal, al 14 de septiembre [2012], solo 50 legisladores entrantes y tres salientes habían cumplido con este mecanismo de transparencia, de modo que la Auditoría Superior de la Federación [ASF] les envió exhortos.
En respuesta, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, presidida por Luis Alberto Villarreal, solicitó a la Contraloría Interna que asesorara a los legisladores para presentar su declaración patrimonial.
De esto resultó que 600 legisladores más cumplieran con esta obligación, mientras que el resto siguió sin hacerlo, violando la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, misma que obliga a «Diputados y Senadores, Secretarios Generales, Tesoreros y Directores de las Cámaras a transparentar su patrimonio ante la autoridad».
Ahora bien, aunque tal Ley contempla 15 días de suspensión para dichos funcionarios que no cumplan, en el caso de los legisladores es imposible aplicar esta sanción porque gozan de fuero constitucional.
En este contexto, para promover la cultura de transparencia y rendición de cuentas en el Congreso, los senadores Daniel Ávila Ruiz y Carlos Mendoza Davis suscribieron un punto de acuerdo [octubre 31, 2012] que exhorta a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores a crear una plataforma virtual donde los senadores que así lo deseen, exhiban, de cara a los ciudadanos, su situación patrimonial de forma permanente.
Lo anterior es vital, aseguró Ávila Ruiz en un comunicado [octubre 31, 2012], porque «en el fondo de esta discusión se encuentra una situación de mayor calado: la confianza y la credibilidad en las instituciones públicas».