No más engaños, no más prácticas fuera de la ley: sí hay sanciones para el turismo electoral*
*Por Senador Daniel Ávila Ruiz
Esta semana anuncié parte de los resultados de la denuncia que presenté ante la autoridad electoral sobre prácticas deshonestas durante el proceso electoral de 2013 en Quintana Roo.
En mayo de ese año acudí al entonces Instituto Federal Electoral (hoy, Instituto Nacional Electoral, INE) para denunciar irregularidades evidentes (¡groseras!) en el proceso de empadronamiento de ciudadanos de Campeche y Yucatán, a fin de que pudieran votar en Quintana Roo, pues en julio de 2013 ese estado celebró elecciones para renovar 10 alcaldías y 25 diputaciones locales.
Algunas de las irregularidades: autobuses que transportaban gente a los módulos del IFE en Cancún, entre ellos de ciudadanos provenientes de los municipios yucatecos de Valladolid, Tizimín, Chemax y Temozón, con el objetivo de realizar su cambio de domicilio y poder sufragar en los comicios locales de Quintana Roo. Luego, mediante el análisis de nombres en el padrón confirmamos que muchos ciudadanos residentes no solo en Yucatán sino en Campeche tenían credenciales para votar en Quintana Roo.
El marco en que se impulsaron estas acciones fue el “Plan Primavera”, orquestado e instrumentado por la entonces titular del gobierno del Estado de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, para incidir en las elecciones de Quintana Roo a favor del PRI.
Esta semana, en compañía de los senadores Jorge Luis Lavalle Maury, por Campeche, y Francisco García Cabeza de Vaca, por Tamaulipas, anuncié que el INE encontró que mil 326 de los mil 388 simpatizantes priistas que fueron detectados haciendo cambio de domicilio hacia Quintana Roo registraron “domicilios irregulares”.
El INE informó que ya se elaboran los expedientes para presentar las denuncias penales en contra de mil 054 personas por su participación en delitos electorales y, más, que ya se presentaron 179 denuncias penales ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
En estos delitos participaron funcionarios municipales, así como algunos alcaldes que, además de orquestar delitos, abusaron de la gente hasta hacerlos perder apoyos sociales que recibían del gobierno federal (“70 y más y Procampo, por ejemplo), y enfrentarse a las sanciones penales correspondientes por el “turismo electoral”.
Estos no son solo delitos electorales, sino abusos francos contra la gente y la nación. Abusar de la falta de conocimiento, de la buena voluntad o de la inocencia es un verdadero crimen. Mantendremos la vigilancia permanente sobre los resultados de las denuncias y sobre los comicios electorales en todo el país.
*Columna publicada originalmente en El Sol de México [septiembre 8, 2014]