La reforma política empoderará a los ciudadanos frente a gobernantes
La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de reforma política y electoral, avalada ya en una primera ronda por los senadores, que modificará la Constitución para que legisladores federales, diputados locales y alcaldes sean reelectos de forma consecutiva si así lo deciden los votantes; se cree el Instituto Nacional de Elecciones (un «súper IFE») y la Fiscalía General de la República, y se dote de autoridad al presidente de la República para establecer un gobierno de coalición [diciembre 8, 2013].
La reforma política también contempla que sea el Congreso de la Unión el que apruebe el Plan Nacional de Desarrollo; el Senado autorice la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la Cámara de Diputados designe a los integrantes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Establece, asimismo, nuevas causales de nulidad de elecciones federales y locales, entre ellas la de «compra de cobertura informativa o tiempos de radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley», y sobre el registro de los partidos políticos, precisa que solo podrán mantenerlo aquellos que consigan al menos 3% de las votaciones totales y cuyos votos sean considerados «validos».
Lo anterior ocurre en un contexto inédito de transformaciones estructurales que incluyen las reformas de telecomunicaciones, educativa, fiscal, financiera y energética, que han contribuido y enriquecido el debate público y revitalizado la participación política de la sociedad.
En el debate político previo a los acuerdos que llevaron a la reforma política y electoral hubo dos posiciones predominantes. Por una parte, legisladores de los partidos del Trabajo y Revolucionario Institucional coincidieron con la diputada Lilia Aguilar [PT] para quien la reforma política, lejos de ser un hecho «importante, trascendental o de interés de los ciudadanos», es «un triste intercambio de reformas: la energética por la política para el PAN. Este no es un asunto de progresistas ni de demócratas, y mucho menos de hombres de Estado» [CNN México, diciembre 11, 2013].
Por lo contrario, Ruth Zavaleta, diputada del Partido Verde Ecologista de México, defendió la reforma, pues «no es solo una reforma política, sino una verdadera reforma de Estado. Y aquellos que la cuestionan y la minimizan, no conocen la lucha de los que venimos transformando este país desde hace muchísimos años».
En el mismo sentido, el senador panista Daniel Ávila Ruiz destacó en un comunicado que las iniciativas aprobadas son «de gran calado, pues no solo fortalecen las condiciones de equidad en las contiendas electorales y las instituciones de planeación participativa, sino que reconocen el derecho de los ciudadanos a tomar decisiones más directas sobre sus autoridades y representantes».
Gustavo Madero, presidente del PAN, celebró que con la reforma «los gobernadores ya no podrán influir de manera perversa en el nombramiento de los institutos estatales electorales», de modo que se irán «cerrando todos estos mecanismos y trampas que le ha permitido al PRI mantenerse artificialmente en el poder».
La iniciativa volvió al Senado para una revisión final de los puntos modificados por los diputados, y de ser aprobada la enviarán al Poder Ejecutivo, para su promulgación.
Infografía: dineroenimagen.com