• Impunidad de «turismo electoral» en Quintana Roo amenazaría «Pacto por México»

    El Instituto Federal Electoral [IFE] confirmó que, inducidas por los partidos políticos, más 7 mil 500 personas que residen en Yucatán y Campeche tramitaron su «cambio de domicilio» a Quintana Roo para poder votar en las elecciones locales del próximo 7 de julio [2013].

    Este alarmante caso, al que se le conoce mediáticamente como «turismo electoral», fue denunciado penalmente ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales [FEPADE], de la Procuraduría General de la República, por un grupo de legisladores liderados por el senador Daniel Ávila Ruiz [mayo 8, 2013].

    De acuerdo con los denunciantes, habrían realizado su cambio de domicilio alrededor de 2 mil 500 ciudadanos, aunque el primer informe del IFE, dado a conocer días después de que se hizo pública la denuncia en medios locales, precisó que hubo 6 mil 485 cambios de domicilio de ciudadanos yucatecos y 1,111 campechanos que en total suman 7,596; de ellos, 363 yucatecos realizaron el trámite en su propio estado y 6 mil 122 viajaron para hacer el trámite en módulos de Quintana Roo.

    El Senado de la República, a su vez, aprobó un Punto de Acuerdo mediante el cual exhortó a la FEPADE a investigar y, si es el caso, sancionar penalmente a «quienes alentaron a ciudadanos de Yucatán y Campeche a que fueran afiliados al listado nominal de Quintana Roo y pudieran así votar en las elecciones del próximo 7 de julio en esa entidad».

    Ávila Ruiz acusó en un comunicado que «en esta migración electoral, en esta trata de votantes, hay dos operadores políticos: el gobernador de Quintana Roo [Roberto Borge Angulo] y la secretaria general del PRI, Ivonne Ortega, ex gobernadora de Yucatán», e hizo un llamado al presidente Enrique Peña Nieto para evitar que esto quede impune.

    De lo contrario, advirtió, «en Quintana Roo, Campeche y Yucatán puede tambalearse el Pacto por México, como sucedió cuando se descubrieron anomalías en Veracruz, donde operadores de la Secretaría de Desarrollo Social traficaban con los recursos de la Cruzada Nacional contra el Hambre».

    Consulta el testigo de la denuncia

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