Fuga de Guzmán Loera, el peor recordatorio de crisis penitenciaria
La fuga de Joaquín Guzmán Loera del Penal de Máxima Seguridad del Altiplano, en el Estado de México, el 11 de julio pasado, es uno de los más dramáticos recordatorios de la crisis del sistema de prisiones en México, caracterizada por la corrupción, la violencia y el hacinamiento.
Lo anterior se refleja asimismo en el hecho de que 80% de los mexicanos no crea en la versión oficial sobre que Guzmán Loera se evadió sin intervención de funcionarios penitenciarios, de acuerdo con una encuesta de El Universal, la cual advierte también que el 43% de las personas consultadas percibe que dicha fuga “se debió a la corrupción”, el 26% que “lo dejaron salir”, y solo un 6% que “fue solo una distracción del gobierno”.
A la corrupción se suma el factor de los autogobiernos en las prisiones, como lo han advertido organizaciones civiles y la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos [CNDH], según las cuales el Estado perdió el control de 65 de los 101 centros penitenciarios del país, a través de autogobiernos o cogobiernos, sobre todo en Tamaulipas, Nuevo León, Sinaloa y Zacatecas.
Al respecto, el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la CNDH revela que ahí personas privadas de libertad “tienen las llaves de las celdas, deciden quién entra y qué áreas se pueden visitar; imponen castigos, impiden la visita íntima y la entrada de los abogados defensores de los reclusos; cobran protección y tienen el control de los penales porque hay colusión y complicidades de funcionarios”.
Y está la sobrepoblación: de 2006 a 2011 la población carcelaria del país aumentó un 500%, advirtió la prestigiada académica Elena Azaola, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, debido “al abuso de la prisión preventiva, a la política vigente contra las drogas ante la falta de políticas criminológicas integrales y a una fuerte criminalización de la pobreza”.
De hecho, precisó Azaola, “25% de quienes están privados de libertad por robo simple habrían robado menos de mil pesos, 50% menos de seis mil pesos y solo 5% montos superiores a los 75 mil pesos”.
Por su parte, el senador Daniel Ávila Ruiz sumó a los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario la deficiente capacitación de los custodios, quienes “son responsables de las medidas de seguridad que el diseño físico no puede controlar”, y señaló que “la única forma de garantizar la seguridad de primera clase es a través de la educación y la formación del personal carcelario”.
Al final, entre corrupción, autogobierno, sobrepoblación y personal no calificado, el panorama es desolador, y es probable “que de ahora en adelante haya propuestas de endurecimiento de las leyes penales, en particular de aquellas relacionadas con el sistema penitenciario”, dijo Ana Aguilar García, directora de Proyectos del Instituto de Justicia Procesal Penal, lo que implicaría un retroceso a los “más de diez años en que la sociedad civil ha estado en pie de lucha por mejorar el sistema de justicia penal en México”.
En ese periodo, explicó, se han conseguido “reformas constitucionales en materia de adolescentes en conflicto con la ley, justicia penal, víctimas, seguridad ciudadana y derechos humanos”, y “los casos de excepción no pueden determinar si restringimos o no los derechos de las personas”.
Por tanto, concluyó, “es importante cerrar la puerta a cambios punitivistas que tiendan una cortina de humo al túnel de la corrupción e ineficiencia endémicas y no atiendan las verdaderas causas de las fallas estructurales de los sistemas de seguridad, justicia y penitenciario”.
Foto: reforma.com