• En el primer año de Peña Nieto, más sombras que luces

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    En el Primer Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto [septiembre 2, 2013] figuran avances nada desdeñables en reformas constitucionales indispensables, pero persisten grandes desafíos por afrontar y compromisos de campaña que definitivamente no se cumplieron. Veamos con detalle.

    En materia económica, por ejemplo, los compromisos de campaña del presidente preveían «Triplicar el crecimiento económico» y «Generar más de un millón de empleos», pero al menos este año esa expectativa de crecimiento de 3.1% quedó en 1.8%, en tanto que el desempleo escaló al 5%.

    Sobre la iniciativa de reforma hacendaria el debate está al rojo vivo: a través de las redes sociales y otros medios, miles de ciudadanos han expresado un rechazo tajante a impuestos como los que se pretende aplicar a colegiaturas, rentas inmobiliarias e hipotecarias, insumos para la producción agropecuaria y alimentos para mascotas.

    Respecto de la reforma educativa, si bien fue aprobada ya por el Congreso y  entró en vigor el 13 de septiembre [2013], modificando la Ley General de Educación y creando el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el Servicio Profesional Docente, el gobierno ha sido incapaz de resolver el conflicto planteado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación [CNTE], que mantiene movilizaciones en 14 estados del país.

    En el contexto del llamado «combate a la pobreza», uno de los proyectos presentados como pilares es la «Cruzada contra el Hambre», que ha ido desacreditándose debido a escándalos mediáticos por acusaciones de desvío de recursos desde la Secretaria de Desarrollo Social federal durante las recientes elecciones en Veracruz [abril 2013], y porque de los 400 municipios que atendería, llegó por ahora a solo 80.

    Un retroceso grave se dio en transparencia y rendición de cuentas cuando la Cámara de Diputados abrió la posibilidad de que las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos relativas al acceso a la información pública puedan ser  impugnadas por instituciones como la Procuraduría General de la República y el Banco de México.

    En seguridad pública y justicia penal, el gobierno del presidente Peña Nieto se comprometió a «Disminuir al menos en 50% la tasa de homicidios y de secuestros», «Crear una Estrategia Nacional para Reducir la Violencia», «Crear un nuevo modelo de formación y profesionalización de la policía» e «Implementar el sistema de justicia penal acusatorio oral en todo el país», pero una evaluación del Instituto de Derechos Humanos y Democracia sostiene que los resultados son mínimos.

    Revela, por ejemplo, que la crisis de violencia se dispersó de 217 a 236 municipios en un año; que del 1 de septiembre [2012] a agosto [2013] se han registrado 13 mil 775 homicidios, y lo más alarmante, que «No hay una explicación clara y precisa de qué sería lo nuevo para enfrentar la violencia».

    Ante este convulso escenario político social, el senador Daniel Ávila Ruiz opinó que el Primer Informe de Gobierno «Es un reconocimiento claro de que los resultados de este gobierno son pocos, y que hay muchos pendientes que México requiere llevar a cabo con urgencia», aparte de asegurar que desde el Congreso la bancada panista está comprometida «a seguir siendo una fuerza política responsable y pujar por las reformas necesarias para el país. Sabemos que en México hay muchos frentes abiertos, y actuaremos con responsabilidad», según un comunicado reciente [septiembre 11, 2013].

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