El Sistema Nacional Anticorrupción: las virtudes del nuevo andamiaje institucional*
Daniel Ávila Ruiz
En el reciente periodo extraordinario de sesiones, el Senado de la República y la Cámara de Diputados aprobaron un conjunto de leyes y reformas que fortalecen la capacidad de las instituciones mexicanas para combatir la corrupción.
Sin embargo, en los últimos días el análisis relativo al resultado de ese periodo, en los medios de comunicación, se ha enfocado solamente a un par de artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Por ello, en esta ocasión quiero dimensionar las características generales del nuevo andamiaje anticorrupción que, juntos partidos y sociedad civil, hemos logrado.
El Sistema Nacional Anticorrupción contará con dos comités: uno de Participación Ciudadana, integrado por cinco ciudadanos seleccionados a propuesta de instituciones académicas de reconocido prestigio; y uno de Coordinación. Éste último será la instancia responsable de diseñar e implementar la política anticorrupción del Estado mexicano, y será presidido por uno de los cinco ciudadanos que integren el Comité de Participación Ciudadana.
Además, como producto del periodo extraordinario, sentamos las bases para crear un instituto nacional de evaluación de las políticas públicas anticorrupción, que será encargado de compilar toda la información disponible para medir el fenómeno de la corrupción; generar metodologías que permitan evaluar los avances o retrocesos, así como la emisión de recomendaciones a las instituciones correspondientes.
Por primera vez se contará con un tribunal y una fiscalía especializada en materia anticorrupción. La Auditoría Superior de la Federación tendrá la facultad de hacer investigaciones sobre faltas administrativas graves. Asimismo, se contará con mecanismos de sanciones, tanto por la vía administrativa, como por la penal. Por su parte, la fiscalía podrá hacer su labor mientras se ejerce el gasto público y no solo al cierre del año fiscal como hasta ahora se hacía.
Se creará una plataforma digital que permitirá acceder y dar seguimiento a la información de las licitaciones y contratos desde el momento en el que se adjudican. Asimismo, la Plataforma contendrá un registro nacional de servidores públicos, de la evolución de su patrimonio, así como de aquellos que hayan sido sancionados previamente.
Cabe señalar que los dos artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que han dominado la atención pública son el 29 y el 32. Sobre este último, se anunció que el titular del Ejecutivo Federal envió observaciones al Senado de la República a fin de modificar su redacción.
En suma, los mexicanos tenemos ahora un logro muy importante en materia anticorrupción. Más allá de señalar que estaremos atentos a cumplir con los plazo y formas para procesar las observaciones que remita el titular del Ejecutivo Federal en los términos del artículo 72 constitucional, es necesario tener presente los avances: en su conjunto, el Sistema Nacional Anticorrupción constituye una de las más grandes reformas transformadoras que nos permitirá, como país, fortalecer la confianza entre ciudadanía y gobernantes.
* Publicado en El Sol de México [junio 27, 2016]
Foto: comunicacion.senado.gob.mx
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