Desaparición forzada en México*
Daniel Ávila Ruiz
La desaparición forzada es un problema de tal importancia, tanto en México como a nivel internacional, que el 21 de diciembre de 2010 la Asamblea General de la ONU expresó su preocupación por el aumento de éstas en el mundo, por lo que decidió declarar el 30 de agosto como Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
Un documento distribuido por la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República, refiere que la desaparición forzada de personas es un delito que puede ser cometido por autoridades gubernamentales de cualquier nivel.
El estudio del IBD señala que la característica más significativa de este delito es que el Estado o las personas que actúan con su autorización o su apoyo “no solo priva de la libertad e incluso con frecuencia de la vida a una persona, sino que lo hace de forma clandestina. Y lo más importante, sin que exista una posibilidad real de siquiera demostrar que la persona está efectivamente desaparecida”.
Nuestro país ha firmado y ratificado diversos instrumentos internacionales, como convenciones y tratados, con el objetivo de prevenir, investigar y sancionar el delito de desaparición forzada dentro del territorio nacional.
Nuestro Código Penal Federal tipifica a la desaparición forzada como delito e impone sanciones a los servidores públicos que resulten responsables de la comisión del mismo.
La pena en México -conforme el Artículo 215-B del citado Código- para quien cometa el delito de desaparición forzada es de cinco a 40 años de prisión.
En el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas se encuentran más de 23 mil registros de personas extraviadas o desaparecidas. Sin embargo, no se distinguen las causas de la desaparición de las mismas.
A ello habría que agregar la valoración de si se trata de personas ausentes por motivos de salud como discapacidades mentales, efectos de sustancias adictivas, vida en situación de calle, o víctimas de la delincuencia organizada, a través de “levantones”.
Las entidades de Tamaulipas (cinco mil 293) y Jalisco (dos mil 139) son las que más presentaron registros de personas extraviadas o desaparecidas, en contraste con Tlaxcala (15) y Nayarit (12), que fueron las que presentaron la menor cantidad.
El Comité de Desaparición Forzada de la ONU sugiere que México debe redoblar esfuerzos con el objetivo de fortalecer la protección de las personas contra dicho delito.
Al arranque del actual periodo ordinario la sensibilidad del Congreso Mexicano ha quedado de manifiesto, si consideramos que en las dos últimas legislaturas se han presentado más de 20 iniciativas en la Cámara de Diputados y más de 10 iniciativas en el Senado de la República, que reflejan el interés de los legisladores por brindar el mejor tratamiento al tema de desaparición forzada, para prevenir, investigarlo y sancionarlo adecuadamente.
*Publicado en El Sol de México [septiembre 5, 2016]
Foto: static.batanga.com
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