Consideraciones para una ley sobre publicidad oficial en México
La propaganda gubernamental ha sido un tema controversial en México por sus diversas implicaciones en el ejercicio del gasto público, en las campañas políticas y en la libertad de expresión. Organizaciones no gubernamentales han sostenido que la publicidad oficial ha sido utilizada para encubrir propaganda política del gobierno en turno, para controlar la cobertura de los medios de comunicación y para censurar opiniones de periodistas de oposición (WANIFRA, 2014; Castaño, et. al. 2017).
Ante este problema, el legislador aprobó el 13 de noviembre de 2007 una reforma al artículo 134 de la Constitución, en el contexto de la reforma electoral de dicho año, que en su octavo párrafo enuncia:
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las
dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.