Una victoria ciudadana más en la Península: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo liderado por el senador Daniel Ávila Ruiz por medio del cual se exhorta al Poder Ejecutivo a «conservar, como área natural protegida, Yum-Balam, y regularizar jurídicamente el ejido Holbox».

Lo anterior mediante el Programa de Manejo del Área Natural Protegida, «que tiene al menos 20 años de retraso», precisó Ávila Ruiz en su justificación, respaldado por sus pares Francisco García Cabeza de Vaca, Mariana Gómez del Campo y Silvia Guadalupe Garza.

La urgencia de aplicar dicho Programa tiene que ver, precisó, con el intento de diversas empresas de inscribir las zonas protegidas en el Registro Agrario Nacional y poder así explotarlas con fines turísticos.

Tras aprobarse el punto de acuerdo, celebró el senador yucateco, «la empresa que pretendía construir un desarrollo inmobiliario en Holbox anunció la cancelación del proyecto; esto es un logro, pero está lejos de garantizar la seguridad para la zona natural protegida».

Lea el punto de acuerdo aprobado

Holbox es una zona natural protegida amenazada permanentemente por empresas con proyectos inmobiliarios depredadores. Foto: milenio.com

El presidente Enrique Peña Nieto promulgó las leyes de Ingresos sobre Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica [agosto 11, 2014], las cuales incluyen «rigurosos candados de transparencia», pero que a la vez podrían vulnerar a campesinos, ejidatarios y dueños de tierras donde se extraigan energéticos, quienes deberán arrendarlas si así lo dispone el Estado.

El senador Daniel Ávila Ruiz ha expresado particularmente su preocupación por la minuta relacionada con la tenencia de la tierra y la seguridad patrimonial de los campesinos y sus familias. De hecho, emitió su voto en contra de los artículos 100 a 105 del dictamen de adiciones y reformas a la Ley de Hidrocarburos.

Específicamente, la alerta se encontraría en las adiciones al artículo 100, que implicarían la probable cesión de derechos para el uso, goce o afectación de terrenos, bienes y derechos ejidales o comunales, a asignatarios y contratistas, empujando a los dueños de las tierras a entregarlas cuando se sospeche la existencia de hidrocarburos y a cambio de rentas todavía poco definidas.

Eso implicaría colocar a los campesinos en mayores condiciones de vulnerabilidad, pues se legalizarían diversos mecanismos para que asignatarios y contratistas se apropien de la tierra por medio de figuras como arrendamiento, servidumbre voluntaria, ocupación superficial o temporal, y compraventa y permuta.

Daniel García Toledo, presidente de la Unidad de Manejo Forestal Istmo-Pacífico, reconoce por ejemplo que no tienen certeza de cómo será esta nueva dinámica: «Nos dicen que no habrá expropiación, pero que sí nos pueden obligar a dar nuestras tierras cuando una empresa vaya y avise a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano que hay algo que pueden explotar aquí».

La oferta inicial que se hará a los ejidatarios será de entre 0.5 y 3% de los ingresos obtenidos por la comercialización del hidrocarburos, pero si transcurridos 180 días naturales un propietario no acepta, la empresa interesada en la extracción podrá acudir a un Tribunal Unitario Agrario o a un juez de Distrito en materia civil y poner en marcha el mecanismo de «interlocución directa».

En un intento por moderar los efectos perniciosos de estas normas, informó en un comunicado el senador Ávila Ruiz, la bancada panista velará porque al menos las negociaciones y contratos entre campesinos y contratistas estén bajo la supervisión de la Secretaría de Energía, la de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio y que se pueda solicitar asesoría y representación de la Procuraduría Agraria, obligando a las dependencias del gobierno federal a asegurar los derechos y bienestar de ejidatarios, campesinos y pequeños propietarios.

Tras ser promulgadas las leyes de Ingresos sobre Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica, cientos de ejidatarios llegaron a la Ciudad de México para protestar por el capítulo de «Uso y ocupación superficial». Foto: proceso.com