Los primeros 100 días de Peña Nieto
El 46% de los participantes en nuestro sondeo de mayo opinó que la razón de que los líderes de los grandes sindicatos vivan entre lujos y excesos, y sin fiscalización, es que esa opacidad «beneficia a las cúpulas políticas y empresariales». A su vez, el 31% considera que la verdadera causa es que «los políticos prefieren no enfrentarse a ellos por temor a poner en riesgo sus intereses, incluidos los electorales». En cambio, un 8% piensa que el problema es que «no existen o son insuficientes leyes que permitan su adecuada fiscalización» y otro porcentaje igual, que «los trabajadores sindicalizados han sido históricamente apáticos para exigirles transparencia y rendición de cuentas».
Gracias a todos ustedes por sus valiosas opiniones. No dejen de participar en nuestro sondeo de junio:
El 26 de junio es el Día Mundial contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas, ¿qué políticas públicas convendrían a México en la materia?
- Pasar de políticas exclusivamente represivas a cuando menos un amplio debate social sobre su posible legalización, como ha sugerido la OEA
- Mano dura para traficantes de drogas, pues ellos generarían la mayor violencia en el país
- Una política integral que incluya los ámbitos de educación, salud y seguridad que contribuyan a prevenir el consumo de droga entre niños y jóvenes, y castiguen a los traficantes
Consulta los resultados de sondeos pasados:
Opacidad daña gravemente la credibilidad de las instituciones
Daniel Ávila Ruiz suscribió un punto de acuerdo para hacer públicas las declaraciones patrimoniales de los senadores [octubre 16, 2012].
El 31 de octubre [2012] venció el plazo para que los diputados federales y senadores ―entrantes y salientes— presentaran su declaración patrimonial: solo la mitad cumplió, aunque tenían un plazo de 60 días para hacerlo y recibieron numerosos recordatorios.
Según el diario El Universal, al 14 de septiembre [2012], solo 50 legisladores entrantes y tres salientes habían cumplido con este mecanismo de transparencia, de modo que la Auditoría Superior de la Federación [ASF] les envió exhortos.
En respuesta, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, presidida por Luis Alberto Villarreal, solicitó a la Contraloría Interna que asesorara a los legisladores para presentar su declaración patrimonial.
De esto resultó que 600 legisladores más cumplieran con esta obligación, mientras que el resto siguió sin hacerlo, violando la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, misma que obliga a «Diputados y Senadores, Secretarios Generales, Tesoreros y Directores de las Cámaras a transparentar su patrimonio ante la autoridad».
Ahora bien, aunque tal Ley contempla 15 días de suspensión para dichos funcionarios que no cumplan, en el caso de los legisladores es imposible aplicar esta sanción porque gozan de fuero constitucional.
En este contexto, para promover la cultura de transparencia y rendición de cuentas en el Congreso, los senadores Daniel Ávila Ruiz y Carlos Mendoza Davis suscribieron un punto de acuerdo [octubre 31, 2012] que exhorta a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores a crear una plataforma virtual donde los senadores que así lo deseen, exhiban, de cara a los ciudadanos, su situación patrimonial de forma permanente.
Lo anterior es vital, aseguró Ávila Ruiz en un comunicado [octubre 31, 2012], porque «en el fondo de esta discusión se encuentra una situación de mayor calado: la confianza y la credibilidad en las instituciones públicas».