Inminente, rango constitucional a derechos de jóvenes: educación, empleo, cultura…

Daniel Ávila Ruiz exhortó al presidente Peña Nieto a designar ya al titular del IMJUVE, hoy «olvidado» y «sin rumbo». Foto: animalpolitico.com
Seguimos siendo un país joven. En México viven más de 36 millones de niños y jóvenes de 12 a 29 años de edad, y sus derechos a la educación, el empleo, la cultura, el esparcimiento y a una familia serán elevados a rango constitucional gracias a la reforma del artículo 73 constitucional aprobada por el Senado justo el Día del Niño [abril 30, 2013], dando cause, al fin, a la iniciativa que desde 2010 le turnó la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados.
La reforma consta de diversas modificaciones al artículo 73 constitucional que permitirán «contar con un nuevo marco normativo que ponga al frente, como prioridad nacional y con visión de políticas de estado, a los niños y jóvenes mexicanos», según se explica en un comunicado del Senado [abril 30, 2013].
La aprobación de este nuevo marco normativo era imprescindible para «poder poner en marcha, ahora sí, propuestas concretas de leyes reglamentarias, transversales y que se articulen entre sí, que obliguen a garantizar a este sector la protección social, la educación y el empleo, para alcanzar una calidad de vida digna».
El senador Daniel Ávila Ruiz, quien siendo diputado federal integró aquella Comisión de Juventud y Deporte que presentó la iniciativa, destacó en un comunicado la valía de esta reforma, particularmente en un momento en que «los niños y jóvenes mexicanos no están teniendo oportunidades dignas de desarrollo humano y profesional, y por eso el primer paso es establecer en la Carta Magna sus derechos, reconocer que existen y contar con un marco legislativo que permita avanzar en establecimiento de leyes a su favor» [mayo 2, 2013].
Esta reforma tuvo el respaldo de los senadores Gabriela Cuevas y Javier Corral [PAN], David Penchyna y Omar Fayad [PRI], y Alejandro Encinas [PRD], entre otros, y fue enviada al Poder Ejecutivo para su análisis y posible aprobación.
Por otra parte, el mismo día que se aprobó la reforma, desde la tribuna de la Cámara Alta, Ávila Ruiz exhortó a que el Instituto Mexicano de la Juventud [IMJUVE] tuviera ya un liderazgo, pues «a la fecha se encuentra olvidado, sin rumbo y sin participación alguna en la toma de decisiones que marcarán el rumbo de nuestro país durante este sexenio».
En el mismo sentido se pronunció el senador perredista Armando Ríos Piter, quien además propuso la «redinamización del IMJUVE para poderlo posicionar en un espacio con mucho mayor presencia administrativa, mayor cercanía al titular del Poder Ejecutivo, y con mayores capacidades de transversalidad frente a otras secretarías de gobierno federal» [El Universal, mayo 3, 2013].
Iniciativa en el Senado busca agilizar investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación

Para mejorar la fiscalización de las administraciones cuya gestión es de tres años, como son los casos de los ayuntamientos municipales, el senador Daniel Ávila Ruiz presentó una excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos para que dictaminen una minuta que aumentaría las atribuciones a la Auditoría Superior de la Federación [ASF].
Dicha minuta fue turnada por la Cámara de Diputados desde 2012, cuando Ávila Ruiz era diputado federal, y su objetivo es reducir los plazos de la ASF para la entrega de resultados. Así, por ejemplo, la revisión de la cuenta pública por parte de los diputados se realizaría el mismo año en que la ASF la presente y no al siguiente, como sucede en la actualidad.
La calendarización que existe hoy, abundó el senador panista, es poco eficiente porque «muchas veces cuando los resultados del Auditor Superior llegan a la Cámara de Diputados, los funcionarios ya salieron de su administración y se vuelve muy tardado el proceso de fincarles responsabilidades en caso de que hayan hecho mal uso de los recursos públicos».
Un caso es la investigación que lleva a cabo la ASF, a partir de una denuncia de Ávila Ruiz, por el probable desvío millonario de recursos en la organización de las Olimpiadas Nacionales Juveniles 2011, durante la administración de la exalcalde de Mérida, Ivonne Ortega.