La Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, entregó a senadores y diputados un valioso estudio sobre organismos genéticamente modificados.

Incluye, entre otras cosas, definiciones puntuales, tipos y posibles usos, así como argumentos a favor de productores que los utilizan, en tres ellos “la necesidad creciente de la humanidad de abastecer una cantidad suficiente de alimentos para su distribución equitativa”.

Sin embargo, el mayor aprendizaje, opina el senador Daniel Ávila Ruiz, es el de “la urgente necesidad de replantear las políticas agropecuarias en su conjunto, más que emplear únicamente la innovación tecnológica”.

Sobre todo considerando los incidentes denunciados continuamente por organizaciones ambientalistas como Greenpeace, al menos 216 según su Informe de Contaminación con Transgénicos, además de 11 casos de liberación ilegal de transgénico relacionados con algodón, pescado, maíz, canola, papaya, arroz y soya.

En todo caso, concluye Ávila Ruiz sobre el tema, “si bien es importante, aún falta mucho análisis y estudio en cuanto a la necesidad de modificar y adecuar el marco jurídico vigente para proteger el origen y el desarrollo de productos pesqueros y acuícolas, así como el control de OGM en dichos productos”.

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Hace un año, y como parte de un supuesto “plan de austeridad”, el gobierno de Yucatán adquirió un edificio por 200 millones de pesos, el cual pretendía usar como oficinas para diversas dependencias. Tal compra, sin embargo, no fue pública hasta ahora que el diario Reforma reveló su compra y que se encuentra inutilizado.

El edificio, ubicado en un terreno de 13 mil 47 metros cuadrados junto al hotel Holiday Inn Express, está abandonado, no obstante que albergaría a la Contraloría General del Estado, la Consejería Jurídica, la Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación y la Coordinación General de Proyectos Estratégicos del Despacho del Gobernador.

Consultado al respecto, el gobernador Rolando Zapata Bello reiteró que la compra forma parte de su “plan de austeridad”, e insistió en que se “ahorrarán el pago de rentas de oficinas y estacionamientos del Gobierno del Estado”. También detalló que se pagará con “un enganche de 30 millones que el gobierno dio en 2014 y el restante en 49 abonos, el último será el 12 de agosto del año 2018”.

Por su parte, el Secretario de Administración y Finanzas, Roberto Rodríguez Asaf,  informó que será hasta 2016 cuando se ocupe el inmueble, pues “se encuentran haciendo adecuaciones de voz, datos y tecnologías de la información específicas que requiere algunas áreas”.

Sobre la opacidad con la que se llevó a cabo la adquisición, el gobernador Zapata Bello   declaró que esperaba “tener la lista de dependencias que se mudarán al edificio para informarlo a la sociedad civil”.

Para Alberto Arjona Ordaz, de la organización civil Mayaleaks, sin embargo, se trata de “un daño al erario público, pues evidentemente hay un acto de negligencia, y si hay un acto de confabulación para favorecer a alguien, habría que investigarlo. Lo que sí está claro es que se está tirando dinero público”.

El senador Daniel Ávila Ruiz, por su parte, criticó que “el gobernador gaste en un elefante blanco, mientras que los yucatecos padecen falta de atención médica en Tekax y Ticul, y de puentes en Baca, cuando menos”.

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