• Avaló también solicitar a las autoridades combatir el “narcomenudeo” en instalaciones universitarias
• Asimismo, aprobó pedir informes sobre riesgos que guardan instalaciones del Metro y Tren Ligero

La Primera Comisión de la Permanente aprobó un punto de acuerdo presentado por la senadora del Partido Acción Nacional (PAN) Laura Rojas Hernández, mediante el cual se propone que la Comisión Permanente exhorte al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción a que, conforme al principio de máxima publicidad, defina los formatos sobre la publicación de las declaraciones patrimonial y de intereses de los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno.

Asimismo, pide que esta representación solicite un informe sobre los criterios y metodología que adoptará para la definición de los formatos de dichas declaraciones.

En la exposición de motivos del punto de acuerdo, la senadora por el estado de México afirmó que los formatos aprobados deberán procurar la máxima publicidad, en cumplimiento con el espíritu de las leyes de transparencia y anticorrupción aprobadas por el Congreso de la Unión.

Con ello, agregó, se dotará a los ciudadanos de las herramientas de convicción y de rendición de cuentas suficientes para dar seguimiento a un posible enriquecimiento ilícito y poder denunciarlo, al tiempo que se salvaguarda los datos personales.

Planteó también la relevancia de que el Comité de Participación Ciudadana informe sobre los criterios y la metodología adoptada para la definición de los formatos, así como la conveniencia de que se consulte a organismos internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre el funcionamiento y efectividad de las declaraciones en sus países miembros.

“Los organismos internacionales coinciden en que las declaraciones patrimoniales y de intereses son una herramienta, tanto de prevención como de investigación para posibles hechos de corrupción”, asentó la legisladora.

En otro punto del orden del día, se aprobaron también dos puntos de acuerdo presentados por los senadores de Acción Nacional, Mariana Gómez del Campo Gurza y Daniel Ávila Ruiz, uno por el cual solicitan a las autoridades combatir el “narcomenudeo” en instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y, otro, por el que piden se informe a la Comisión Permanente sobre la situación que guardan los convoyes del Tren Ligero y del Metro de la Ciudad de México.

En el primer exhorto, se propone que la Comisión Permanente del Congreso pida al Gobierno de la Ciudad de México que, en coordinación con el Gobierno Federal y las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), continúen fortaleciendo los mecanismos de seguridad para el combate al narcomenudeo en las inmediaciones e instalaciones universitarias, con pleno respeto a su autonomía.

Los senadores indicaron que es necesario impulsar políticas y acciones que desarticulen las células delictivas que se han infiltrado en universidades y centros de estudio.

En la segunda propuesta, se busca que la Comisión Permanente exhorte a los titulares del Servicio de Transportes Eléctricos (STE) y del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) de la Ciudad de México (CDMX) a informar sobre el estado que guardan sus instalaciones y unidades.
Los senadores panistas solicitan que los funcionarios capitalinos entreguen un informe detallado, para evitar riesgos y tomar medidas que garanticen la seguridad e integridad de los usuarios.
“Dos de los medios de transporte públicos más utilizados en la Ciudad de México son el Metro y el Tren Ligero; sin embargo, ambos padecen una crisis de infraestructura y funcionamiento, agravada por su situación financiera, a pesar de haber aumentado la tarifa”, afirmaron.
Los dictámenes con punto de acuerdo se turnaron al pleno de la Comisión Permanente para su discusión y, en su caso, aprobación.

En la reunión de la Primera Comisión estuvieron presentes los senadores Daniel Ávila Ruiz y Fernando Torres Graciano.

•  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión aprobó exhorto promovido por el Senador Daniel Ávila para que la SCT y el gobierno del estado mejoren las carretreras.
• Las carreteras son la vía de comunicación y tránsito de mercancías que permiten a la entidad se desarrollarse y crecer.
• La inversión de más de 900 millones que anunció la SCT para Yucatán se debe emplear en zonas específicas que requieren modernización, dijo.

El pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión (integrada por senadores y diputados federales), aprobó un Punto de Acuerdo promovido por el senador Daniel Ávila Ruiz a fin de que el gobierno del estado de Yucatán y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) invierta y modernice la carretera federal Tizimín-Río Lagartos; una importante vía de comunicación construída hace más de cuatro décadas, que actualmente se encuentra severamente deteriorada.

En el documento aprobado, se destaca que la falta de mantenimiento ha propiciado un promedio de cinco accidentes viales cada mes, esto, conforme al informe de la policía local.

El legislador precisó que es importante que las autoridades, tanto locales, como federales, realicen obras de infraestructura civil pues éstas conllevan crecimiento y desarrollo socioeconómico y que para el caso de Yucatán significan el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.

Explicó que en Yucatán, cerca del 60 por ciento de los tramos carreteros existentes, se construyeron hace más de 40 años, con criterios de diseño, especificaciones y materiales diferentes a los exigidos hoy en día, razón que explica el deterioro de las mismas, sin considerar la falta de mantenimiento, el crecimiento demográfico y las exigencias de circulación y seguridad actuales.

Lamentablemente, agregó, no ha sido una prioridad del actual gobierno estatal la rehabilitación ni mucho menos la modernización y/o ampliación de las principales vialidades que conectan a nuestros municipios.

Sin duda alguna el tema de la seguridad vial es un tema fundamental que no se puede desatender; en el sistema carretero de Yucatán existe una larga lista de tramos carreteros identificados como focos rojos, por su alta peligrosidad, debido al número de muertes que se registran cada año, algunos de estos son: la carretera federal número 176, Mérida-Motul, en el entronque con el municipio de Baca, por la falta de un distribuidor vial; la carretera federal Mérida –Tizimín, entronque Motul-Telchac Pueblo; los tramos carreteros Xcan-Chan Tres Reyes-Tixcancal, así como Tunkas-Cenotillo; y por supuesto la carretera Tizimín-Rio Lagartos, una de las más peligrosas del Estado, por los accidentes viales presentados, entre otras más, apuntó el legislador.

Ante el desinterés del gobierno local y las demandas de la ciudadanía, desde el Congreso de la Unión el legislador Ávila Ruíz ha exigido a las autoridades federales la modernización de las carreteras de la entidad que más lo requieren, como los tramos mencionados.

Recordó que en días pasados la SCT anunció una inversión en proyectos viales y portuarios en el Estado, por $921.3 millones de pesos, por lo que es fundamental que sean utilizados para modernizar las vías que más lo requieren, y con la mayor eficiencia y eficacia presupuestal posible, para brindar el mayor beneficio a los yucatecos, finalizó.