A más de una década de promulgada la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hoy solo 6 de cada 100 mexicanos ha realizado alguna solicitud formal ante órganos de transparencia federal y locales, revela la Encuesta sobre Derecho de Acceso a la Información Pública Gubernamental [EDAI] [abril 9, 2014].

Dicha Encuesta fue realizada por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos [IFAI] y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística [INEGI], y evidencia que el escaso ejercicio de este derecho no obedece a desinterés sino al desconocimiento de los mecanismos de acceso a la información.

Al menos eso se infiere del hecho de que el 84% de los encuestados aseguró tener «interés en saber qué hace el gobierno» y el 80.7% dijo estar dispuesto a recibir capacitación para ejercer su derecho al acceso a la información pública.

Sobre la percepción general de la función del IFAI y los órganos de transparencia estatales, predominó la idea de que sirven para «saber en qué se gastan los recursos», seguida de «conocer las decisiones de gobierno» y «controlar la corrupción».

Otro dato interesante es que solo 6 de cada 10 encuestados dijo saber de la existencia del IFAI y apenas 5 de cada 10 sabe que existe una ley federal que garantiza el derecho de acceso a la información pública gubernamental.

El último indicador de la Encuesta advierte que el 83.4% de los ciudadanos encuestados percibe que «los servidores públicos no son transparentes en su desempeño».

Conoce la Encuesta sobre Derecho de Acceso a la Información Pública Gubernamental

Tras el enfrentamiento violento entre policías y aficionados en el Estadio Jalisco [Guadalajara, marzo 23, 2014], que dejó alrededor de 50 heridos, la Cámara de Senadores aprobó un paquete de reformas a la Ley General de Cultura Física y Deporte [abril 1, 2014], validado días antes por la Cámara de Diputados.

Dichas reformas incluyen la tipificación como delito de la «violencia en el deporte» y sanciones que van desde la expulsión inmediata de los estadios hasta multas de 90 días de salario mínimo y penas de cárcel de cuatro años para quienes «introduzcan al recinto o anexos armas de fuego, explosivos o cualquier arma prohibida y agredan a las personas».

Contempla que los gobiernos federal, estatales y municipales «capaciten a policías y autoridades encargadas de la seguridad en el uso apropiado de sus atribuciones y en tácticas especiales para resolver conflictos y extinguir actos de violencia».

Especifica además que la seguridad en las canchas, vestidores, corredores y gradas de los recintos deportivos será responsabilidad de las empresas u organizaciones a cargo de los eventos, en tanto que la policía intervendrá solo «en situación especiales, para salvaguardar la vida o integridad de jugadores, aficionados o de los bienes».

Al debatirse estas iniciativas de reforma en la Cámara de Diputados, la resistencia provino de una parte de la bancada del Partido de la Revolución Democrática al considerar que una de las propuestas ─la creación de un «padrón para identificar a aficionados violentos»─ podría estigmatizar y criminalizar a los jóvenes, y advirtió que se ignoraban «aspectos relevantes como la regulación de la venta de alcohol en los estadios».

Sobre esto último, el senador Daniel Ávila Ruiz expresó en entrevista con ESPN.com [abril 2, 2014] que regular la venta de alcohol será el siguiente paso «y debe darse de forma inmediata», pues el problema no son los jóvenes que asisten al Estadio o las «barras», sino «el consumo de alcohol y otro tipo de adicciones».

En el mismo sentido, Orlando Anaya González, presidente de la Comisión de Salud y Deporte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, anunció que presentará a la Secretaría de Seguridad Pública la propuesta de implementar el programa «Conduce sin Alcohol» en las inmediaciones de los estadios de futbol.

El mensaje que busca enviar el Senado con la aprobación de estas reformas, resumió el presidente de la Comisión de Juventud y Deporte, senador Carlos Alberto Puente Salas, «es para los padres y madres de familia, para asegurarles que si llevan a sus hijos a un estadio, su seguridad estará debidamente garantizada».

Resta esperar que el presidente Enrique Peña Nieto promulgue las reformas aprobadas por los diputados y senadores, antes del 30 de abril.

Foto: mexico.cnn.com