La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) durante 2006 presentaba 317 averiguaciones previas sin resolver, al 2015 la cifra aumentó a tres mil 540 expedientes en espera de seguimiento. Asimismo, de 961 averiguaciones previas consignadas en 2015 solo 50 de ellas terminaron con una persona procesada ante un juez, esto equivale a 2.8 por ciento de la meta programada en el Programa Nacional de Procuración de Justicia. Lo anterior se deriva de una auditoría de desempeño de trabajo aplicada a la Fepade por la Auditoría Superior de la Federación.

La Fepade es el organismo responsable de atender, en forma institucional, especializada y profesional, lo relativo a delitos electorales federales: introducción o sustracción de boletas electorales, retención de credenciales para votar, alteraciones en el Registro Federal de Electores o de los listados nominales; obstaculización del desarrollo normal de las votaciones y presión a electores el día de la jornada electoral.

La Fepade se crea en 1994 como consecuencia de las inconformidades de la oposición, que acusó en reiteradas ocasiones elecciones fraudulentas. Fue después de la alternancia en el poder (2001), cuando esta Fiscalía obtuvo un mayor alcance público y se abocó a la tarea de realizar campañas de información sobre delitos electorales.

Posteriormente, en 2004, el Ejecutivo Federal presentó diversas iniciativas para reformar el Código Penal Federal donde proponía aumentar las sanciones; contemplando penas más severas como la prisión, sanción económica e inhabilitación para ocupar cargos públicos.

La Fepade tiene la gran responsabilidad de proteger la voluntad popular en decisiones democráticas. También debe garantizar que no se altere o modifique el resultado electoral como consecuencia de conteos irregulares o alteraciones en la documentación electoral.

Su papel es sumamente importante en las elecciones del presente año, y para lograr un buen resultado, será necesario reforzarla con mayor asignación de atribuciones y presupuesto. Lo anterior para que cuente con los marcos legales sólidos, así como herramientas y recursos plenos que le permitan garantizar cabalmente el ejercicio del  voto con plena libertad.

Se necesitan mayores acciones para inhibir el grave problema de los delitos electorales, que menoscaban la certeza del voto libre y secreto. Además, dañan el principio democrático de la representación y, al mismo tiempo, contribuyen al incremento de la desconfianza de los votantes.

Como miembro del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional siempre he mostrado mi disposición en generar acciones conjuntas con autoridades electorales, para frenar este tipo de delitos y garantizar la certidumbre de la participación electoral.

*Publicado en elsoldemexico.com.mx [mayo 2, 2017]

Foto: aztecanoticias.com.mx

En la segunda edición del documento México Anatomía de la Corrupción, coordinado por Amparo Casar en 2016, se establece que: “entre 2000 y 2013, periodo en el que México tuvo 63 gobernadores, la prensa reportó 71 casos de corrupción por parte de 41 gobernadores. De estos, solo 16 casos fueron investigados y únicamente cinco gobernadores fueron procesados y encontrados culpables”.

Quien hoy encabeza el Ejecutivo federal, durante una entrevista en mayo del 2012 señaló: “Son jóvenes, actores de la nueva generación política, el gobernador de Quintana Roo, Beto Borge; el gobernador de Veracruz, Javier Duarte; César Duarte, gobernador de Chihuahua; el gobernador de Campeche. Todos son parte de una generación nueva que han sido parte del proceso de renovación del partido”.

Cinco años después de esa entrevista, algunos de estos nombres se suman a la generación más corrupta de gobernadores en la historia de nuestro país; la mayoría de ellos del Partido Revolucionario Institucional (PRI). En un breve lapso se han sometido gobernadores a proceso sin comparación en toda la historia de México y han sido encarcelados más que en ningún otro tiempo.

En 1997, por primera vez en la historia moderna de México, en la composición del Congreso Federal ningún partido tuvo la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, y surgió un equilibrio sin precedente entre las principales fuerzas políticas.

La consolidación de un sistema plural y multipartidista se manifestó claramente en México y en los gobiernos estatales, logrando mayor libertad en el manejo de su presupuesto de la mano de mayor autonomía respecto al Gobierno federal y, sobre todo, más influencia en elecciones tanto locales como federales.

Más tarde se iniciaron transformaciones políticas y legales a fin de generar acciones que empezaran a poner en la óptica pública los actos de Gobierno.

No puede olvidarse que el ejercicio del derecho de acceso a la información tiene ya un largo antecedente, debido a que se estableció la necesidad de una Ley Federal de Transparencia, misma que se plasmó en una reforma al artículo 6° constitucional en 1977. Sin embargo, solo hasta 2002 se hizo efectiva su aparición.

La demanda de transparencia y rendición de cuentas exigida por la sociedad civil contribuyó a dar un seguimiento más puntual a las actividades de los gobiernos. La historia de realizar todas sus actividades en secreto comenzó a
cambiar.

Los excesos cometidos en los gobiernos estatales comenzaron a no ser invisibles, gracias al uso creciente de mecanismos de transparencia y a que los medios públicos dan cuenta de todo tipo de conductas, aunque no todas ellas han dejado de ser impunes.

La ruta para hacer efectiva la transparencia y rendición de cuentas en México aún está lejos de consolidarse, y por ello, en las instancias legislativas es necesario tener claro que hace falta completar dos valiosos elementos del Sistema Nacional Anticorrupción: 1) el fortalecimiento de la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción y 2) el nombramiento de su titular, para garantizar que la corrupción de los gobernadores pueda ser castigada.

En razón de ello, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado de la República está comprometido en edificar un innovador, eficaz y eficiente sistema de rendición de cuentas, que garantice no solo la fiscalización de los recursos y la transparencia, sino que asegure que ya no haya más impunidad por parte de funcionarios corruptos.
*Senador por Yucatán. Secretario del Comité del Instituto Belisario Domínguez e integrante de las comisiones de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, Juventud y Deporte, de Turismo, así como de Reforma Agraria.

*Publicado en elsoldemexico.com.mx [abril 25, 2017]

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