El Gobierno del Estado engaña a los yucatecos con el canje de placas cuyos precios además de costosos hubo irregularidades en el proceso de licitación pública la cual fue amañada y manipulada sentencio el senador panista Daniel Ávila Ruiz.

El senador panista Ávila Ruiz en conferencia de prensa en conocido hotel de la ciudad denuncio que el Gobierno del Estado mañosamente solo concedió seis horas de concurso de licitación nacional cuando debió de ser por lo menos de dos semanas.

Agrego que la empresa ganadora de ese concurso Vitro Fomento Industrial S.A de C.V. VIFINSA fijo un precio de 204 pesos por juego de placas de un total de 700 mil esa misma empresa gano un concurso nacional de canje de placas en Monterrey Nuevo León cobrando 104 pesos por juego de placas luego entonces por qué cobro más caro en Yucatán.
Puntualizo que el Gobierno del Estado aumentó a 1446.00 pesos por cambio de placas de circulación cuando el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco en 2009 por canje de placas se cobró a los yucatecos 449 pesos.

Especifico que el Gobierno del Estado justifico este aumentó por la inflación lo cual es mentira le están cobrando a los yucatecos bajo el agua el refrendo vehicular la cual por decreto Estatal no se pretendía cobrar por algunos meses.

Ávila Ruiz abundo que según el Gobierno del Estado pretende captar 400 millones de pesos por el canje de placas la cual es mentira su intención es recaudar 900 millones de pesos.
Anuncio que presento una denuncia por estas irregularidades del gobierno del estado a la Auditoria Superior de la Federación también presentaron la misma denuncia en la Auditoria Superior del Estado de Yucatán y hará el mismo procedimiento en la Procuraduría General de la Republica en la Ciudad de México.

Dio a conocer que ha través de la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional PAN presentaran en el Congreso del Estado una solicitud para que el Gobierno del Estado no lleve a cabo cada sexenio estatal el reemplacamiento la cual es un jugoso negocio para la administración estatal.

Finalmente el senador Ávila Ruiz sentencio que la licitación pública nacional del programa de reemplacamineto del Gobierno del Estado es tramposo es una simulación y fraude un abuso.

*Publicado en Contra Punto Noticias [2017, septiembre 18]

El senador Daniel Ávila Ruiz manifestó que, en el proceso licitatorio para la adquisición de 750 mil placas metálicas, calcomanías de identificación, tarjetas de circulación y recibos oficiales para vehículos de transporte terrestre, ganado por la empresa Vitro Fomento Industrial, existen evidencias de manipulación por parte del secretario de Administración y Finanzas, Alfredo Dájer Abimerhi, y el director general de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Alberto Pinzón Sarabia.

El legislador de extracción panista presentó una denuncia por las irregularidades y presuntos actos de corrupción y solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigar al gobierno de Yucatán por uso indebido de recursos públicos federales en la licitación pública No. LIC-GEY-SSP-031/2016 para el programa de reemplacamiento vehicular 2017.

Seis horas de convocatoria

En conferencia, Ávila Ruiz, indicó que las bases de la licitación se hicieron a modo para evitar la competencia de otros proveedores nacionales y locales, toda vez que sólo se dieron seis horas para el cumplimiento de los requisitos, por lo que se sospecha que las tres empresas participantes tenían información privilegiada.

“Resulta extraño que una de las empresas participantes haya sido descalificada por no cumplir con los requisitos mínimos, y la otra haya ofertado un costo por encima de los parámetros de la convocatoria, lo que la dejó fuera en automático, sin que se declarara desierta la licitación”, afirmó.

Perjuicios
El senador señaló que existe un perjuicio a hacienda pública de al menos 66 millones 187 mil pesos y un sobrecosto a los ciudadanos yucatecos de 741 pesos, de manera que el gobierno de Yucatán obtuvo ingresos indebidos por 555 millones 750 mil pesos.

“Con ello, la administración local recupera de manera abusiva los 227 millones 690 mil pesos anuales que dejó de percibir con la eliminación del impuesto sobre tenencia vehicular, derogado en 2016 y obtiene ganancias en detrimento del bolsillo de los ciudadanos.”