“No es un capricho” un canje
El objetivo del emplacamiento vehicular en cualquier lugar de la República Mexicana es que las autoridades cuenten con un sistema de control que permita identificar a todos los automotores en el país y comprobar su posesión legal, así como otorgar seguridad pública y jurídica a los actos que se realizan con esos vehículos; nada tiene que ver con caprichos o ambiciones de autoridades locales y menos es un mecanismo para hacerse de recursos económicos a costa de la población, afirmó el senador Daniel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN.
El legislador yucateco precisó que mediante el reconocimiento de cada vehículo es posible detectar con facilidad la circulación de autos ilegales, robados, con placas falsificadas o sobrepuestas, entre otros delitos que se pudieran suscitar, de ahí la importancia de tener un padrón en orden y coherente.
En un comunicado, Ávila Ruiz recordó que en el año 2000 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) federal emitió el “acuerdo mediante el cual se fijan las características y especificaciones de las placas, calcomanías de identificación y revalidación, y tarjetas de circulación para los tipos de servicio que prestan los automóviles…” y diversos medios de transporte, con lo que se inició el proceso de renovación de matrículas en todo el país y el cual permitió avanzar en la integración de la base de datos de identificación vehicular.
Según un comunicado, el senador denunció que a pesar de este antecedente en 2011 legisladores crearon la Ley de Tránsito y Vialidad de Yucatán, en cuyas disposiciones se estableció la obligación de que todos los vehículos deben llevar placas de circulación vigentes expedidas por la autoridad competente, así como la imposición de contar con placas de circulación, calcomanías y tarjetas de circulación, entre otros requisitos adicionales para transitar, e incorporó la atribución del Poder Ejecutivo para determinar la vigencia de las placas.
Este antecedente ha derivado en la conveniente y económicamente favorable interpretación para que constantemente se cambien las placas de los vehículos, a pesar de que no sea necesario y menos indispensable.
Ante estas circunstancias, los legisladores locales del PAN se reunieron con el senador y presentaron una iniciativa a fin de reformar los artículos 24, 25, 26 y 28 de la Ley de Tránsito estatal, en la que se plantea eliminar la obligación de reemplacar periódicamente los vehículos.
El senador recordó que en junio de 2016 la SCT publicó la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016, en la que se emite el compromiso de todas las entidades federativas de mantener actualizado el registro público vehicular.
Logrado ese objetivo, señaló, resulta evidente que pierde sentido y justificación razonable mantener una obligación legal en nuestra legislación para imponer el reemplacamiento de los vehículos periódicamente.
A mediados de septiembre presentó una denuncia ante la Auditoría Superior del Estado por presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos estatales, derivado del proceso de licitación para la adquisición de 750 mil placas, calcomanías de identificación, tarjetas de circulación y recibos oficiales para vehículos de transporte terrestre, para el reemplacamiento 2017, convocado por el gobierno de Yucatán. Asimismo, el pasado 2 de octubre el legislador presentó una denuncia por el mismo tema ante la Delegación de la PGR en Yucatán.
Por último, informó que la Auditoría Superior admitió su denuncia y se incluirá en el Programa Anual de Auditorías correspondiente.
Irregularidades
El senador Daniel Ávila Ruiz presentó una denuncia ante la Auditoría Superior por presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos estatales para el reemplacamiento 2017 de Yucatán. El pasado 2 de octubre presentó una denuncia por el mismo tema ante la PGR.
Diligencia
La denuncia se incluirá en el correspondiente Programa Anual de Auditorías.
Senador del PAN busca poner fin a reemplacamiento en Yucatán
Mérida, 04 de octubre (AlmomentoMX).- El Congreso Local de Yucatán dio entrada a una iniciativa de Ley para poner punto final al reemplacamiento vehicular que se hace cada sexenio en esa entidad federativa.
La iniciativa de reforma a la Ley de Tránsito y Vialidad de Yucatán se realizó luego de que el Senador del PAN, Daniel Ávila, denunciara que el gobierno yucateco de Rolando Zapata Bello adquirió 750 mil juegos de placas por 250 pesos, mismos que fueron revendidos a la ciudadanía por mil 446 pesos.
“Los diputados promoventes ponemos a consideración de la asamblea la presente iniciativa que plantea reformar diversos artículos de la Ley de Tránsito y Vialidad del estado de Yucatán, esto para eliminar la obligación del reemplacamiento vehicular en esta entidad”, se indica en la propuesta de Ley presentada en tribuna por Beatriz Zavala, también diputada del PAN.
La iniciativa plantea eliminar de la Ley en estudio todas las disposiciones que establecen la obligación de reemplacar los vehículos automotores periódicamente, así como la atribución del ejecutivo local para ordenarlo y para determinar la periodicidad.
Los legisladores por Yucatán que suscribieron dicha iniciativa son Raúl Paz, María Beatriz Zavala, Rafael Gerardo Montalvo, Manuel Armando Díaz, Josué David Camargo, José Elías Lixa, Manuel Jesús Argáez y Ramiro Moisés Rodríguez.
Si la iniciativa prospera en la comisiones, quien ocupe el cargo de gobernador de los yucatecos quedará restringido en sus atribuciones para decretar reemplacamientos periódicos en el estado.
Esto quiere decir que la prohibición para llevar a cabo esta medida en el futuro se dará a partir de la reforma y entrada en vigor de una nueva Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán.
Por otro lado, la Procuraduría General de la República decidió abrir una investigación sobre el proceso de licitación de placas que hizo el gobierno de Zapata Bello.
De la misma forma, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación dio entrada a una denuncia similar interpuesta por el senador Ávila.
Ambas instancias investigarán el presunto desvío de recursos públicos federales destinados a la adquisición de 750 juegos de placas de circulación en Yucatán.