Alianza PRI-PT-Morena posterga eliminación del fuero constitucional y mantiene privilegios a legisladores y servidores públicos
Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) acusaron a las bancadas del PRI y del PT-Morena de aliarse para congelar la minuta de la Cámara de Diputados, que elimina el fuero a legisladores y servidores públicos.
“Priistas y petemorenistas simulan interés en retirar ese privilegio al manifestar en público estar a favor de la iniciativa, pero se oponen en comisiones a dictaminarla y someterla al voto del pleno del Senado de la República”, sostuvo el senador Daniel Ávila Ruiz.
El senador por Yucatán llamó al PRI y al PT-Morena que dejen de simular y hacer un esfuerzo, de cara a la sociedad, para eliminar el fueron del que gozan, desde el Presidente de la República, hasta el resto de los servidores públicos del primer, segundo y tercer niveles, al igual que los legisladores locales y federales.
Por su parte, la senadora Adriana Dávila Fernández, dijo que el acuerdo PRI-PT-Morena de postergar el análisis y discusión de la minuta demuestra que la iniciativa sólo fue una patraña electorera, impulsada por los priistas a partir de una propuesta de su candidato a la Presidencia de la República.
“Lo más grave es que sean los propios priistas, aliados ahora con los petemorenistas, los que descalifiquen el trabajo avalado por los diputados de su partido”, dijo.
La senadora por Tlaxcala manifestó que, en su cálculo político, priistas y petemorenistas, buscan cuidar la espalda de sus candidatos, en el hipotético caso de que alguno pudiera ganar la Presidencia de la República.
“En mi experiencia, en los casi seis años de estar en la Cámara de Senadores, he visto esta jugada. Y yo lo he dicho con todas sus letras: estoy convencida de que este tema fue operado electoralmente, concretamente, para un candidato”, comentó la senadora Dávila Fernández.
A su vez, el senador Jorge Luis Preciado dijo que lo más probable es que la minuta duerma el sueño de los justos y no se cumpla con uno de los reclamos más importantes de la sociedad, que es acabar con los ciudadanos de primera y de segunda.
“Lo que estamos viendo es que el PRI, aliado con el PT-Morena, está engañando a la sociedad con una iniciativa que se aprueba con diligencia en la Cámara de Diputados, pero que encuentra trabas en el Senado, con todo tipo de pretextos”, subrayó.
La bancada de Acción Nacional presentará en la sesión ordinaria del Senado de la República, convocada para el lunes próximo, un voto particular para exigir que la minuta se dictamine y vote en los términos enviados por la Cámara de Diputados, antes de que se declaren concluidos los trabajos del presente periodo ordinario de sesiones.
En la sesión del jueves, los senadores de Acción Nacional insistieron en que las comisiones de Puntos Constituciones, Justicia, Estudios Legislativos y Reforma del Estado dictaminaran la minuta sin modificar el texto enviado por los diputados, pero las bancadas del PRI y PT-Morena argumentaron que su contenido estaba mal hecho, pese al aval dado por los diputados de sus partidos, y que era necesario hacer consultas con técnicos y constitucionalistas, pero sin definir fechas ni procedimiento.
El PRI fue responsable por instigar al turismo electoral en Quintana Roo y Yucatán: TEPJF
- La Sala Superior consideró que el turismo electoral afecta los principios constitucionales fundamentales del sistema electoral mexicano
- El Pleno determinó que se trata de faltas graves, por lo que ordenó al INE reindividualizar las sanciones impuestas a los responsables
En mayo de 2013, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Jorge Luis Lavalle Maury y Jorge Luis Preciado Rodríguez, Senadores del Grupo Parlamentario del PAN por la LXII Legislatura, presentaron ante el entonces IFE una denuncia en contra de quienes resultaran responsables por la realización atípica de trámites de cambio de domicilio de Yucatán y Campeche hacia Quintana Roo, a efecto de influir a favor de algún partido político en la jornada electoral de 7 de julio de 2013.
Derivado de una extensa investigación realizada por el INE, la autoridad determinó responsabilidades de 467 ciudadanos, por presentar información falsa en el procedimiento de cambio de domicilio, así como a 2 ciudadanos por instigar a la realización de este ilícito, por lo que impuso sanciones de amonestación y multa. Asimismo, el INE consideró que, en el caso, existió responsabilidad indirecta del PRI.
La resolución del INE fue impugnada por los partidos Revolucionario Institucional y Morena. El PRI alegó no haber tenido responsabilidad, mientras que Morena señalaba a dicho instituto político como responsable directo de los hechos.
Al resolver el SUP-RAP-15/2018, la Sala Superior determinó que, en el caso, existió responsabilidad directa del PRI en la comisión de los ilícitos mencionados. Esto, al encontrar que, a partir de las pruebas analizadas en el curso de la investigación, se demostró que todos los ciudadanos que fueron responsabilizados por presentar información falsa al RFE fueron instigados a hacerlo, y que quienes los instigaron actuaron a nombre del PRI.
En la sentencia se señala que la conducta bajo estudio, el llamado turismo electoral consiste en proporcionar documentación o información falsa al RFE para obtener una credencial de elector con un domicilio diferente al que tienen registrado. En este sentido, se trata de una alteración del RFE, que consiste una mala práctica enfocada en afectar la organización y administración del proceso electoral y que afecta la integridad de los comicios.
Las magistradas y los magistrados de la Sala Superior consideraron que este fenómeno implica una afectación importante a la legalidad de las elecciones, por lo que determinaron que se debe incrementar la sanción impuesta a los ciudadanos que presentaron documentación o información falsa al RFE, a los que instigaron y al PRI, debido a que la autoridad calificó la infracción sobre la base de que el bien jurídico afectado fue la función electoral y el sufragio, sin considerar que lo expuesto también son valores constitucionales, que imponen el deber de vigilancia del padrón electoral y el sufragio.
En consecuencia, el Pleno revocó la resolución del INE, para que el Consejo General emita una nueva, en la que imponga las sanciones correspondientes al PRI, a los ciudadanos que presentaron datos falsos y a los que instigaron a ello, tomando en cuenta la gravedad de los ilícitos cometidos.