El senador Daniel Ávila Ruiz suscribió un punto de acuerdo para reducir a la mitad el presupuesto para la clase política, que incluye el Instituto Nacional Electoral, partidos políticos y legisladores, y que fue presentada por el senador Francisco Búrquez Valenzuela.

Asimismo, circula en la Web una petición en change.org, la cual exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a discutir, analizar y aprobar el recorte de al menos 50% de fondos al Congreso de la Unión.

Al día, se contempla que la Cámara de Diputados y de Senadores podría recibir más de 12 mil millones de pesos, además el INE ha solicitado un presupuesto de 15 mil 400 millones de pesos; cifras que suponen un aumento del 180% respecto al de 2004 y a 42 millones de pesos diarios.

De acuerdo con los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional que apoyan la iniciativa, si se recorta al menos este 50% respecto a los presupuestos, se podrían ahorrar 16 mil millones de pesos para el siguiente año.

Al respecto, Ávila Ruiz, sostuvo que “México se encuentra en un momento de extrema gravedad económica, donde es de todos conocidos que el gasto público sin freno y la caída de ingresos petroleros están llevando al país a niveles preocupantes”.

También precisó que los legisladores deben poner el ejemplo y recortar los gastos con un gran sentido de responsabilidad “sobre todo en aquellos rubros donde resultan ofensivos”.

Foto: themexicantimes.mx

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A principios de octubre, el senador Daniel Ávila Ruiz exhortó al secretario de Educación Pública federal, Aurelio Nuño Mayer, a dar seguimiento al proceso que se le imputa a Víctor Caballero Durán, además alertó ante el pleno del Senado sobre su nombramiento como titular de la Secretaria de Educación Pública en Yucatán por el gobernador de ese estado, Rolando Zapata Bello.

Ávila Ruíz señaló que Víctor Caballero enfrenta un proceso penal por el fraude a cientos de familias yucatecas por aproximadamente 500 millones de pesos de “Crecicuentas”, caja de ahorro de la que se presume era socio.

Además de cometer fraude, expuso, los socios de la empresa se beneficiaron de un préstamo por la cantidad de 3 millones 438 mil 748 pesos y otro de 300 mil pesos.

Hace algunos meses, cuando Caballero Durán era Secretario General de Gobierno en Yucatán, cargo que dejó para ser candidato a diputado local plurinominal, fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado, donde la titular, Celia Rivas Rodríguez, se mostró pasiva ante el tema por ser amiga e integrante del grupo político de Rolando Zapata Bello [El Financiero, octubre 13, 2015].

Ante la inacción de las autoridades locales, el senador panista señaló que el pasado 26 de mayo interpuso una denuncia ante el titular del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, y ante la Procuraduría General de la República, en contra de Caballero Durán, con Oficio Número FDFIN/2896/2015, Número de Averiguación Previa UEIDFF/FINM12/313/2015, en la Fiscalía especial de Delitos Financieros, misma que ya fue ratificada y que está en proceso.

Ávila Ruiz explicó que la denuncia presentada ante el INE fue para solicitar la investigación y, en su caso, inhabilitar a ambos funcionarios para que ocuparan candidaturas a puestos de elección popular.

El senador señaló que ante la falta de respuesta y resultados de las autoridades judiciales de Yucatán, él y sus colaboradores realizaron una recopilación de documentos y de información que permitió poner en evidencia los nexos de los involucrados y, sobre todo, de los encargados de impartir justicia en el estado.

En la acusación se pide investigar también a Celia Rivas Rodríguez, así como a socios y accionistas de “Crecicuentas S.A.” y “Crédito Más S.A. DE C.V.”, entre ellos los que se ostentaban como los dueños, Miguel Ángel Argáez Ordaz, Jorge Alberto Argáez López, Miguel Ángel Argáez López, Claudia Rubí Argáez López y Lina Rubí de Guadalupe López Conrado.

El senador recordó que el problema de “Crecicuentas” inició en enero de 2012, cuando más de 800 clientes de ese sistema bancario, en su mayoría personas de la tercera edad, perdieron los ahorros de toda su vida, luego de que les dejaron de pagar los capitales que estaban depositados con ellos.

El funcionario detalló además que ese mismo año los afectados interpusieron la denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado en contra de los hermanos Argáez López, sin que hasta el momento se hayan hecho las investigaciones, por lo cual los presuntos inculpados siguen en libertad y no han respondido por el delito que se les acusa.

Daniel Ávila acusó que la Fiscalía General del Estado tardó aproximadamente año y medio para turnar los expedientes a la PGR, pues Celia Rivas Rodríguez alegó que no existía tal fraude, por lo que no había ningún delito que perseguir, más que las operaciones con dinero de procedencia ilícita y las acusaciones por evasión fiscal.

Como respuesta a las inculpaciones, Víctor Caballero advirtió que “no tolerará más infundios en su contra, en particular de aquellos que utilizan el movimiento para fines particulares”, mientras, se mostró partidario por alcanzar una solución jurídica y efectiva en beneficio de los ahorradores afectados.

Foto: tribunacampeche.com