Eliminación del Fuero
En el último periodo de sesiones de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión se discutieron temas de relevancia para nuestro país, entre los que se encuentran la reforma constitucional a los artículos 17, 61, 74, 108, 110 y 111, 112 y 114, los cuales reglamentan lo que se conoce como “fuero constitucional”.
El origen del fuero constitucional fue para mantener el equilibrio de poderes y evitar la persecución judicial por la simple expresión de las ideas, pero ello fue conveniente en tiempos del México revolucionario. Sin embargo, con el transcurso del tiempo la aplicación y uso del fuero ha ido cambiando hasta considerarse como un privilegio o como inmunidad a los servidores públicos.
Las discusiones que se realizaron en la Cámara de Diputados se centraron en la necesidad de reconocer la igualdad y eliminar privilegios no solo entre los servidores públicos sino también entre los ciudadanos; además de la necesidad de escuchar las expresiones de la sociedad civil sobre el mal uso de la figura del fuero en casos de corrupción. Su posible eliminación podría servir para fortalecer el incipiente Sistema Nacional Anticorrupción.
La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados el 19 de abril de este año, con una votación que integró a los legisladores de distintos partidos políticos y fue enviada para su revisión y análisis a la Cámara de Senadores.
La importancia de la iniciativa que elimina el fuero radica no solo en realizar un cambio constitucional, sino en confirmar un movimiento reformador que ha permeado en los estados de Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Baja California, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, San Luis Potosí, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán.
Por todo lo anterior, es importante garantizar que el análisis que realice la Cámara de Senadores, en un próximo periodo extraordinario, sea escuchando todos las propuestas y estudios para que la reforma constitucional constituya un avance que garantice la igualdad de todos los ciudadanos, sean servidores públicos o no.
Se requiere tener un mejor marco jurídico, sobre todo para aquellos casos en que los servidores públicos incurran en alguna conducta ilícita puedan ser juzgados por los tribunales y así se deje de utilizar el fuero como un medio de protección para evitar ser sancionado y combatir la corrupción que tanto ha dañado el ejercicio de la función pública.
Qué tan factible es aumentar el acervo de infraestructura en México: Una propuesta de inversión de largo plazo
El presente estudio representa la continuación de las investigaciones que realiza la Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, para medir la factibilidad hacendaria de implementar grandes iniciativas. En particular, el análisis se enfoca en evaluar la viabilidad de crecer el gasto público de inversión en infraestructura en México, de manera que con esto, el país logre aumentar el acervo a un nivel similar al de economías desarrolladas y así favorezca la eficiencia económica para converger al potencial de crecimiento.
La presente investigación tiene como principal marco de referencia el modelo de Buffie, Berg, Pattillo, Portillo, y Zanna (2012) y las técnicas de Andrade, Lugo y De Lira (2017), sobre los que se le realizan ciertas adaptaciones para evaluar la factibilidad de crecer el gasto público en inversión en México. El resultado es un modelo de equilibrio general caracterizado por una economía pequeña y abierta, con dos sectores económicos más el sector público. Donde, además de producir bienes transables y no transables con capital y trabajo, los dos sectores económicos utilizan capital público, i.e. infraestructura pública, como un insumo para la producción.
Entre los principales hallazgos del estudio está que, si el gobierno mexicano logra que el gasto en inversión se convierta en infraestructura con una eficiencia de 100%, junto con un mecanismo de financiamiento de largo plazo soportado por el ISR; conduce a que un aumento de 53% en el acervo de infraestructura, únicamente explique alrededor de una tercera parte del ritmo de crecimiento que EE. UU. mostró durante los últimos 36 años.
Por otro lado, cuando la eficiencia del gasto público en inversión es menor a 50%, lo que significa que sólo menos de 50 centavos se transforman en infraestructura física, se producen contracciones en la economía. Lo anterior, debido a que la pérdida de recursos es considerable y excede los beneficios de la política expansiva; hallazgo que es robusto ante las distintas combinaciones del mecanismo de
financiamiento de largo plazo vía impuestos.
Por último, aún con presencia de restricciones para mover el ISR y con la necesidad de aumentar los ingresos tributarios en un rango de hasta 3% del PIB, para financiar el proyecto de inversión; el estudio encuentra que la inversión en infraestructura es factible en largo plazo y genera más bienestar para las familias junto con un mayor nivel de crecimiento real del PIB per cápita, al tiempo que estabiliza la deuda pública.