Sanciones severas contra delitos electorales: en la agenda legislativa*

*Por Senador Daniel Ávila

La democracia no es el silencio, es la claridad con la que se exponen los problemas y la existencia de medios para resolverlos
Enrique Múgica Herzog

La semana pasada los senadores del PAN presentamos una iniciativa para crear la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a fin de sancionar con mayor rigor a los responsables de violar los derechos que tienen los ciudadanos de elegir a sus autoridades.

La iniciativa busca perfeccionar el marco jurídico en materia de justicia penal electoral para garantizar que las elecciones se apeguen a los principios de legalidad, equidad, certeza, objetividad, profesionalismo y transparencia. En consecuencia, define de manera precisa los diversos tipos de delitos electorales; las sanciones que corresponden a cada delito; los mecanismos de coordinación entre la federación y los estados para investigar probables delitos y, de manera sobresaliente, crea la fiscalía especializada en materia federal y la existencia de personal especializado en las entidades federativas.

Respecto de las sanciones, la iniciativa establece que, además de sanciones económicas, se impondrán penas de hasta tres años de prisión a las personas que cometan una variedad de delitos, entre otros votar a sabiendas de que no cumplen con los requisitos de ley; presionar o inducir el sentido del voto o a la abstención; realizar proselitismo el día de la jornada electoral; apoderarse, falsificar, usar o comercializar credenciales electorales; solicitar votos a cambio de pagos o dádivas; impedir la apertura o clausura de casillas; difundir los resultados de encuestas tres días antes de la jornada electoral y promover el voto por algún candidato en días no permitidos por la ley electoral.

La iniciativa impone penas severas para los servidores públicos y funcionarios electorales que vulneren las condiciones de equidad e igualdad de los comicios. Por ejemplo, se propone establecer multas de 200 a 400 días, y prisión de uno a nueve años a aquellos que, haciendo uso de su autoridad o jerarquía, obliguen a sus subordinados a votar o a abstenerse de hacerlo por un candidato, partido político, coalición o agrupación política. Se contempla la misma sanción para quienes condicionen la prestación de un servicio público a la emisión de voto a favor de algún candidato, partido, coalición o agrupación política o a la abstención de ese derecho ciudadano.

El uso ilícito de recursos públicos, como el destinado a programas de beneficio social, implica una pena aún mayor. La iniciativa busca sancionar a los funcionarios o empleados que apoyen o presten algún servicio a candidatos u organizaciones políticas durante su jornada laboral o usando los bienes de la federación, estados o municipios para hacer proselitismo. En estos casos la sanción sería de 200 a 400 días multa, y de 4 a 9 años de prisión. Y las sanciones se extienden hacia los candidatos, funcionarios partidistas y organizadores de actos de campaña que, a sabiendas, utilicen fondos, bienes, servicios y recursos públicos destinados a programas de beneficio social.

La iniciativa contempla sanciones, tanto económicas como de cárcel, para los autores materiales e intelectuales de muchas otras conductas que violentan el derecho ciudadano de elegir a sus autoridades. Creemos que las sanciones no deben restringirse al pago de multas, sino que llegó el momento de imponer penas que, por su severidad, disuadan a los que vulneran la democracia electoral.

En suma, la propuesta que presentamos los senadores del PAN atiende a la necesidad de proteger la libre expresión de la voluntad popular ciudadana en materia política, reflejada a través del sufragio efectivo universal, libre, secreto, directo y personal.

*Artículo publicado originalmente en El Sol de México [abril 14, 2014]