• Se aprobaron también propuestas panistas en materia de adopciones y sobre el caso de alteración de calificaciones en el Instituto Politécnico Nacional (IPN)

La Segunda Comisión de la Permanente aprobó la propuesta de la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Gabriela Cuevas Barron, mediante la cual se propone solicitar a la Secretaría de Economía un informe sobre el estado que guardan las negociaciones respecto al Acuerdo de Complementación Económica (ACE 53) entre México y Brasil.

En el documento del punto de acuerdo presentado, la senadora panista indicó que el ACE 53 forma parte de la estrategia de integración comercial con América Latina para fortalecer el comercio intrarregional y promover las cadenas productivas.

“Ese ejercicio pretende ampliar las preferencias arancelarias en el ámbito del Acuerdo, así como actualizar y modernizar el marco jurídico existente, para que los operadores y agentes económicos tengan mayor certeza jurídica en sus actividades comerciales”, afirmó.

Cuevas Barron recordó que México es el octavo socio comercial de Brasil a nivel mundial, con un intercambio comercial de 9 mil millones de dólares de 2012 a 2015; sin embargo, esta cifra disminuyó a 7 mil millones de dólares en 2016.

“Ante este déficit comercial, es importante que la Comisión Permanente conozca los avances en las negociaciones entre México y Brasil, a fin de emitir opiniones pertinentes y sustantivas que coadyuven con fijar el interés del país en su integración con América Latina y, especialmente, con una de las economías emergentes más importantes de América del Sur”, asentó.

En otro punto del orden del día, se aprobó también un punto de acuerdo presentado por la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y el senador Daniel Ávila Ruiz, mediante el cual se propone que la Comisión Permanente solicite a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional (IPN) remitir un informe sobre las presuntas irregularidades en el sistema de calificaciones en la institución.

Recordaron que de acuerdo con información publicada en medios de comunicación, se denunció la venta de calificaciones en diversas escuelas del IPN, destacando la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica unidad Zacatenco, con 400 casos; la Superior de Ingeniería y Arquitectura, con 60, y la Superior de Comercio y Administración, con 20 casos.

Ante estos intentos de alteración de calificaciones en el Sistema de Administración Escolar, el IPN presentó siete denuncias ante la Procuraduría General de la República, refirieron.

A fin de que el prestigio del IPN no se vea afectado, tomado en cuenta que es una institución de gran reconocimiento y excelentes aportaciones a la vida de este país, es necesario deslindar responsabilidades e investigar esos actos de presunta corrupción, afirmaron los senadores panistas.

Asimismo, este órgano legislativo votó a favor de una proposición de la senadora de Acción Nacional, Martha Elena García Gómez, en la que se propone solicitar al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y a sus homólogas locales, remitan a la Comisión Permanente un informe sobre las medidas adoptadas para garantizar la adopción de niñas, niños y adolescentes.

Refirió que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el país existen 30 mil niños institucionalizados que viven en albergues, casas hogar u orfanatos públicos o privados y se encuentran a la espera de ser adoptados.

Ante este panorama, recordó que en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) se otorgaron nuevas responsabilidades y se crearon nuevas autoridades rectoras del tema de niñez, por lo que para “el Legislativo es de suma relevancia tener conocimiento en el ámbito institucional qué es lo que se ha logrado y lo que hace falta para garantizar procesos de adopción ágiles, que garanticen el derecho a vivir en familia a niñas, niños y adolescentes”.
La senadora por Nayarit señaló que si bien no hay procesos homologados de adopción en el país, la LGDNNA mandata las bases generales que las entidades federativas deben considerar en su legislación al respecto, siempre teniendo en cuenta procesos agiles y simplificados, y observando el principio del interés superior de la niñez.