“No es un capricho” un canje
El objetivo del emplacamiento vehicular en cualquier lugar de la República Mexicana es que las autoridades cuenten con un sistema de control que permita identificar a todos los automotores en el país y comprobar su posesión legal, así como otorgar seguridad pública y jurídica a los actos que se realizan con esos vehículos; nada tiene que ver con caprichos o ambiciones de autoridades locales y menos es un mecanismo para hacerse de recursos económicos a costa de la población, afirmó el senador Daniel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN.
El legislador yucateco precisó que mediante el reconocimiento de cada vehículo es posible detectar con facilidad la circulación de autos ilegales, robados, con placas falsificadas o sobrepuestas, entre otros delitos que se pudieran suscitar, de ahí la importancia de tener un padrón en orden y coherente.
En un comunicado, Ávila Ruiz recordó que en el año 2000 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) federal emitió el “acuerdo mediante el cual se fijan las características y especificaciones de las placas, calcomanías de identificación y revalidación, y tarjetas de circulación para los tipos de servicio que prestan los automóviles…” y diversos medios de transporte, con lo que se inició el proceso de renovación de matrículas en todo el país y el cual permitió avanzar en la integración de la base de datos de identificación vehicular.
Según un comunicado, el senador denunció que a pesar de este antecedente en 2011 legisladores crearon la Ley de Tránsito y Vialidad de Yucatán, en cuyas disposiciones se estableció la obligación de que todos los vehículos deben llevar placas de circulación vigentes expedidas por la autoridad competente, así como la imposición de contar con placas de circulación, calcomanías y tarjetas de circulación, entre otros requisitos adicionales para transitar, e incorporó la atribución del Poder Ejecutivo para determinar la vigencia de las placas.
Este antecedente ha derivado en la conveniente y económicamente favorable interpretación para que constantemente se cambien las placas de los vehículos, a pesar de que no sea necesario y menos indispensable.
Ante estas circunstancias, los legisladores locales del PAN se reunieron con el senador y presentaron una iniciativa a fin de reformar los artículos 24, 25, 26 y 28 de la Ley de Tránsito estatal, en la que se plantea eliminar la obligación de reemplacar periódicamente los vehículos.
El senador recordó que en junio de 2016 la SCT publicó la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016, en la que se emite el compromiso de todas las entidades federativas de mantener actualizado el registro público vehicular.
Logrado ese objetivo, señaló, resulta evidente que pierde sentido y justificación razonable mantener una obligación legal en nuestra legislación para imponer el reemplacamiento de los vehículos periódicamente.
A mediados de septiembre presentó una denuncia ante la Auditoría Superior del Estado por presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos estatales, derivado del proceso de licitación para la adquisición de 750 mil placas, calcomanías de identificación, tarjetas de circulación y recibos oficiales para vehículos de transporte terrestre, para el reemplacamiento 2017, convocado por el gobierno de Yucatán. Asimismo, el pasado 2 de octubre el legislador presentó una denuncia por el mismo tema ante la Delegación de la PGR en Yucatán.
Por último, informó que la Auditoría Superior admitió su denuncia y se incluirá en el Programa Anual de Auditorías correspondiente.
Irregularidades
El senador Daniel Ávila Ruiz presentó una denuncia ante la Auditoría Superior por presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos estatales para el reemplacamiento 2017 de Yucatán. El pasado 2 de octubre presentó una denuncia por el mismo tema ante la PGR.
Diligencia
La denuncia se incluirá en el correspondiente Programa Anual de Auditorías.