• El pacto por México; un intento de gobierno de coalición

    Hace más de 50 años, la incorporación de la figura de diputado de partido inició un largo proceso de transformación en el equilibrio entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Hace cuatro décadas, otra reforma política abrió espacios a los partidos antes no reconocidos y fortaleció el papel del Congreso, especialmente de la Cámara de Diputados, en
    la determinación del Presupuesto de Egresos de la Federación. Hace casi cuatro lustros, la incorporación de senadores de primera minoría amplió la diversidad política del Congreso. Las reformas electorales de la segunda mitad de los años noventa constituyeron un paso definitivo en la consolidación de la pluralidad del Poder Legislativo
    federal y en su autonomía respecto del Poder Ejecutivo. A partir de entonces, se ha modificado la composición política, la organización interna y las formas en que se realiza el proceso parlamentario en México. La revalorización del papel del Congreso como espacio en el que se definen los alcances de las políticas públicas le han dado mayor incidencia en la vida nacional.

    Analistas e investigadores coinciden en que en 1997, al perder el partido del presidente la mayoría simple en la Cámara de Diputados, se produjeron cambios fundamentales en las relaciones entre los poderes Legislativo y Ejecutivo: la reducción del papel del presidente de la república como legislador; la disminución de su influencia
    en las carreras políticas de los legisladores, incluso, en los de su propio partido, y la paulatina desaparición del ejercicio de algunas facultades metaconstitucionales lo ejemplifican.1 Diversos estudios han propuesto distintas rutas para alcanzar un nuevo equilibrio entre poderes que, fortaleciendo los cauces institucionales, contribuya
    a consolidar una democracia eficiente. Inicialmente, siguiendo a Linz y Valenzuela (1994) y con las experiencias de algunos países latinoamericanos como telón de fondo, las preocupaciones se centraron en cómo evitar que un escenario de gobierno dividido…

    *Texto publicado en el documento El pacto por México; un intento de gobierno de coalición”, cuaderno de investigación No. 32

  • Día internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura

    El 12 de diciembre de 1997, la Asamblea General de la ONU, por recomendación del Consejo Económico y Social, proclamó el 26 de junio Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, con vistas a la erradicación total de la tortura y a la aplicación efectiva de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que entró en vigor el 26 de junio de 1987 (ONU, 2017).

    Información General
    Según la Convención referida se entiende por tortura:

    “todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario
    público y otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia” (ONU, 1987).

    • La tortura se considera un crimen en el derecho internacional. En todos los instrumentos internacionales la tortura está absolutamente prohibida (ONU, 2017).
    • Esta prohibición forma parte del derecho internacional consuetudinario, lo que significa que es vinculante para todos los miembros de la comunidad internacional, aun si un Estado no ha ratificado los tratados internacionales en los que se prohíbe explícitamente la tortura (ONU, 2017).
    • La práctica sistemática y generalizada de la tortura constituye un crimen contra la humanidad (ONU, 2017).
    • El Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura, creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1981, es el fondo más antiguo en el ámbito de los derechos humanos (ONU, 2016).
    • En 2016, el Fondo canalizó financiación por un total neto de 7,1 millones de dólares a 178 proyectos que proporcionan servicios a más de 47,000 víctimas de la tortura, tanto adultos como niños, en más de 81 países (ONU, 2016).

    *Texto publicado en el documento a Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura